Se trata de una excepción a las restricciones sobre operaciones inmobiliarias en el área protegida Península de Magallanes. Hay reacciones en contra de la medida.
El gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto N° 0915/2026 mediante el cual exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción provincial que impedía concretar la venta de un inmueble ubicado en la región de Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno. La operación permite que la firma Lacustre del Sud S.A. transfiera la propiedad a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida en la Argentina cuyo único accionista es una compañía registrada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
La excepción alcanza a la Parcela Fracción G, Matrícula 186 del Departamento III – Lago Argentino, dentro de la región de Península de Magallanes, y tiene como finalidad posibilitar la ejecución del proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”.
El Decreto 0915 establece que la habilitación, ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto deberán ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente.
En particular, señala que el emprendimiento ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero condiciona su desarrollo al cumplimiento de las Leyes provinciales N° 3466 y N° 2658, así como de las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos con competencia en el área.
La llegada de capitales de Dubai
La compradora, ASB Hospitality Calafate S.A.U., fue constituida el 27 de julio de 2026. Según el aviso publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, su único accionista es ASB Hospitality LLC, sociedad extranjera constituida e inscripta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. La nueva sociedad argentina tiene entre sus objetos la actividad hotelera, turística e inmobiliaria.
ASB Hospitality forma parte de Albwardy Investment, un grupo empresario con sede en Emiratos Árabes Unidos que desarrolla negocios en distintos sectores y cuenta con una división dedicada a la actividad hotelera. La propia compañía informa que posee una cartera de propiedades en cuatro continentes y mantiene acuerdos con operadores y marcas hoteleras internacionales.
El grupo ya tiene presencia en la Argentina.
En su cartera internacional figura el Four Seasons Hotel Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú. La página oficial de Albwardy Investment incluye ambos establecimientos entre sus propiedades, mientras que ASB Hospitality identifica al Four Seasons porteño como parte de su cartera.
En el caso del hotel porteño, la relación con el grupo de origen emiratí se remonta a 2011, cuando Albwardy adquirió el establecimiento por unos US$ 64 millones.
En Iguazú, en tanto, el grupo está vinculado al establecimiento que actualmente opera bajo la marca Gran Meliá Iguazú, ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú.
Si bien el Decreto 0915 no constituye una autorización general para construir cualquier tipo de emprendimiento en área protegida, la autorización del Ejecutivo provincial generó cuestionamientos entre sectores que sostienen que la Península de Magallanes debería mantener una protección estricta frente a la instalación de emprendimientos turísticos, inmobiliarios o de otro tipo, debido a la sensibilidad ambiental del territorio.
Las primeras reacciones: cuestionamientos a la excepción
Una de las primeras reacciones públicas al Decreto 915/26 llegó de parte del Dr. Oscar Alfredo Bellini, médico, exguardaparque del Parque Nacional Los Glaciares y conocedor de la Península de Magallanes. En una columna publicada en Winfo Santa Cruz, Bellini cuestionó la decisión del Gobierno provincial y sostuvo que la protección de la península fue el resultado de décadas de resistencia y debate frente a distintos proyectos inmobiliarios. En ese sentido, advirtió que la excepción dispuesta por Vidal vuelve a abrir una discusión que, según plantea, generaciones anteriores habían cerrado en favor de la conservación del territorio.
En su análisis, Bellini también reclama que se hagan públicos el expediente completo, los planos, los estudios ambientales y las características concretas del proyecto, además de plantear interrogantes sobre el impacto que podrían tener nuevas obras, caminos, circulación de vehículos, consumo de agua y tratamiento de residuos en el área.
Winfo
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