Austral Agro, la empresa de Lázaro Báez y su hijo Martín será sometida a un proceso de liquidación para cubrir las multas millonarias de la condena por lavado de activos. La firma tiene campos, ganado ovino y otros bienes en Santa Cruz, mientras la Justicia de Río Gallegos investiga cómo continuaba administrando sus activos pese a las restricciones judiciales.
La Justicia Federal ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro S.A., la empresa agropecuaria de Lázaro Báez y su hijo Martín, para destinar sus activos al pago de las multas impuestas en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La decisión se conoció luego de que el empresario fuera imputado en Río Gallegos por presuntamente continuar dirigiendo desde la cárcel la explotación económica de campos y otros bienes alcanzados por medidas judiciales, tal como viene informando La Opinión Austral.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, que hizo lugar al pedido del fiscal general Abel Córdoba para avanzar con la liquidación del paquete accionario de la sociedad. Bajo su titularidad figuran cinco estancias en Santa Cruz, más de 1.000 ovejas y distintos vehículos, entre otros activos que deberán ser valuados antes de avanzar con su realización.
La sociedad Austral Agro S.A. fue creada por los Báez para desarrollar actividades ganaderas y se convirtió en una de las estructuras empresariales mediante las cuales el grupo mantuvo operaciones en establecimientos rurales de Santa Cruz. Incluso luego de ser embargadas.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, bajo la titularidad de la firma se encuentran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba. También posee un stock de ganado ovino que ascendería a más de 1.000 cabezas y distintos vehículos.
La propiedad de Austral Agro está distribuida entre Lázaro Báez, que posee el 70% de las acciones, y su hijo Martín Antonio Báez, titular del 30% restante.
Ambos tienen multas firmes pendientes de pago por sus condenas en la causa Ruta del Dinero K. Según los montos consignados en la resolución judicial, Lázaro Báez debe afrontar una sanción de 329.237.200,14 dólares, mientras que Martín Báez adeuda 274.364.333,45 dólares.
Frente a ese escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron avanzar con la liquidación de las acciones de la compañía, con fundamento en el artículo 21 del Código Penal.
La resolución establece que el paquete accionario deberá inscribirse a nombre del Estado Nacional, con una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 25.246.
Además, se convocó con carácter urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de Austral Agro y administre sus bienes y frutos con el objetivo de cancelar las sanciones económicas pendientes.
El organismo deberá presentar un informe de avance dentro de los próximos diez días hábiles. En el mismo plazo, las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrán que realizar una valuación patrimonial completa de la sociedad y sus activos.
La medida constituye un nuevo avance en la ejecución de las condenas contra el empresario y su entorno. No obstante, la realización definitiva de los bienes dependerá del avance del procedimiento judicial y de las instancias de revisión que correspondan.
La investigación en Río Gallegos: cómo habría seguido operando Báez desde la cárcel
La decisión de avanzar sobre Austral Agro se conoció en paralelo con la formalización de una nueva investigación en Río Gallegos, en la que el fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, imputaron a Lázaro Báez y a otras personas por presuntas maniobras de lavado de activos.
Según la hipótesis fiscal, el empresario habría continuado administrando, explotando y poniendo en circulación bienes de origen ilícito que estaban alcanzados por decomisos, embargos y otras medidas judiciales. Para hacerlo, habría utilizado a personas de su entorno, con quienes mantenía comunicación desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.
La investigación se originó a partir de intervenciones telefónicas realizadas en el marco de otra causa por narcotráfico en Santa Cruz. A partir de esas escuchas, los investigadores detectaron presuntas conexiones entre la estructura que administraba los campos y una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
En las audiencias de formalización se investigó un flujo de aproximadamente 390.880.000 pesos atribuido a las maniobras de lavado de activos del entorno de Báez. La fiscalía sostuvo que Austral Agro habría funcionado como una de las principales plataformas para justificar operaciones económicas y canalizar fondos por fuera del control judicial.
Uno de los elementos incorporados al expediente fueron las anotaciones y los documentos encontrados durante los allanamientos, entre ellos contratos de arrendamiento, listados de deudores y registros de administración de los establecimientos rurales.
En una de las comunicaciones telefónicas expuestas durante las audiencias, Báez habría impartido instrucciones sobre quién debía quedar a cargo de la estancia La Entrerriana. “Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Para la fiscalía, ese tipo de comunicaciones respaldaría la hipótesis de que el empresario seguía dando directivas sobre la explotación de los campos pese a las restricciones que le impedían administrar o disponer de sus bienes.
La Opinión Austral
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