Esta semana será clave para el futuro de la relación entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont. Este lunes podría concretarse una reunión entre autoridades provinciales y ejecutivos de la compañía minera, luego de las inspecciones realizadas en Cerro Negro, la interrupción de las operaciones y el inicio de la desmovilización de trabajadores. El gobierno nacional y el cuerpo diplomático en alerta.
La tensión entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera Newmont tendrá este lunes una instancia que podría resultar determinante. En medio de las diferencias surgidas a partir de los controles de seguridad e higiene realizados en el yacimiento Cerro Negro, autoridades provinciales y representantes de la compañía podrían sentarse a analizar el escenario generado durante las últimas horas.
Tampoco se descarta un encuentro con el gobernador Claudio Vidal, en el marco de las conversaciones que comenzaron luego de las inspecciones. La eventual reunión entre las partes podría convertirse en una instancia clave para intentar destrabar el conflicto y establecer las condiciones para el retorno de las operaciones.
Las inspecciones en Cerro Negro y el inicio del conflicto
Desde la semana pasada, organismos del Gobierno de Santa Cruz profundizaron los controles en las instalaciones de Cerro Negro. El Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Seguridad, llevó adelante un operativo de inspección en materia de seguridad e higiene que requirió la intervención de la Policía provincial y una orden judicial para garantizar el ingreso de los funcionarios al yacimiento.
La Provincia informó que durante los procedimientos se detectaron distintas irregularidades y se dispusieron seis ceses de tareas.
El secretario de Trabajo, Javier Aravena, calificó las condiciones encontradas como preocupantes. “Son altamente deficientes, con un potencial riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores”, afirmó.
Entre los puntos señalados por la Provincia se mencionó un derrame de cianuro, además de observaciones vinculadas con vehículos y condiciones de seguridad. También se dispuso el cese de actividades en un sector bajo mina, una medida que el Gobierno vinculó con la necesidad de evitar nuevos accidentes en operaciones donde ya se registró una tragedia con dos trabajadores fallecidos.
“Aquí hubo una tragedia, dos santacruceños perdieron la vida y nosotros eso no lo queremos permitir. No lo vamos a permitir”, sostuvo Aravena.
El funcionario adelantó además que los controles continuarán y no descartó una medida de mayor alcance: “Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno”, respondió al ser consultado sobre una eventual clausura total.
Newmont interrumpió operaciones y modificó su esquema de producción
Mientras avanzaban las actuaciones oficiales, Newmont comenzó a modificar su esquema operativo. La compañía comunicó internamente que las condiciones generadas a partir de las inspecciones no permitían mantener las tareas con normalidad y dispuso la interrupción de las labores.
Desde la empresa señalaron, a través de una comunicación interna, que “las medidas adoptadas durante las inspecciones generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación”.
Asimismo, indicaron que permanecían “afectados el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos”. En ese sentido, advirtieron: “Resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo”.
Posteriormente, comenzó la desmovilización de parte del personal hacia distintos destinos.
Según el cronograma comunicado internamente por la empresa, durante la noche del sábado se organizaron salidas de trabajadores hacia Perito Moreno, Posadas, Intermedias, Antiguos, Sudoeste y Deseado, mientras que también estaban previstas partidas hacia Este Dos, Este y Apt Comodoro.
Para la madrugada del domingo quedaron programadas las desmovilizaciones con destino a San Julián y Río Gallegos.
La decisión de la compañía impactó directamente sobre el funcionamiento de Cerro Negro y generó preocupación entre los trabajadores, los gremios y distintos sectores vinculados a la actividad minera de Santa Cruz.
En un mensaje interno, la compañía aseguró: “Newmont continuará colaborando con las autoridades competentes, actuando con responsabilidad, transparencia y en línea con los estándares que guían nuestra operación”.
Sin embargo, cuestionó algunas situaciones ocurridas durante las fiscalizaciones y advirtió por el impacto sobre la producción. “Esta situación afecta directamente las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para este mes y para el trimestre”, señaló la empresa.
Más allá de los resultados del relevamiento y de las consecuencias de las inspecciones realizadas por el secretario de Trabajo, Javier Aravena, Newmont no descarta avanzar en acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado, según pudo saber La Opinión Austral.
La preocupación llegó a Estados Unidos
El conflicto entre el Gobierno provincial y Newmont no quedó circunscripto a Santa Cruz.
La situación generó una fuerte repercusión y llegó hasta la Embajada de Estados Unidos, desde donde se habría hecho saber al Gobierno nacional el descontento por el modo en que fue tratada la empresa durante el conflicto.
La situación adquiere especial relevancia debido al origen estadounidense de Newmont y al peso que la compañía tiene dentro del esquema minero de Santa Cruz.
El escenario también es seguido de cerca por autoridades nacionales, empresarios y cámaras del sector, en momentos en que la minería ocupa un lugar central dentro de las expectativas de inversión y desarrollo económico de la provincia.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) conocen la situación y siguen con atención la evolución del conflicto. También fue informado el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
La Opinión Austral
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