Tal vez el título abunda en metáforas para decir que el gobernador Claudio Vidal, por propia impericia, se ha generado un problema que lo ha metido en un embudo donde la salida solo es para adelante. Ahora bien, si salir “para adelante” significa romper todo el equilibrio social y político de la provincia, tanto el mandatario como aquellos que lo aconsejan, deberían replantearse seriamente las consecuencias de esta estrategia a corto y mediano plazo, porque la situación social, blanco del impacto de varias crisis y especialmente la económica, no está para improvisar recetas o funcionar como en estos dos años y medio “a prueba y error”.
Cuando digo que el gobierno provincial perdió el sentido de la oportunidad, es porque considero que Vidal ha derrochado capital político incumpliendo todo y cada uno de los presupuestos que manejó en campaña cuando nos hacía creer que una nueva provincia era posible. Y esa oportunidad que le dio el votante de Santa Cruz a un hombre sin pasado político ni conocimientos en la materia, se está agotando aceleradamente porque la sociedad ya no tolera más los absurdos, las mentiras y mucho menos la victimización que ha comenzado a desplegar Vidal, para formar un escudo protector construido solo de relato, manifestaciones sin sustancia fáctica y con la gastada estrategia de atacar para defenderse y poner las culpas en el otro solo con el fin justificar su propia impericia y la impotencia de no encontrarle el mango a la bola, para encauzar sus desaguisados políticos.
El balance de gestión de estos dos años y medio que lleva el gobierno, no es bueno; es muy malo. Si nos basamos en los incumplimientos de campaña de Vidal nos encontramos con la falta de los 180 días de clases ya que uno de los ejes centrales de su campaña fue garantizar el ciclo lectivo completo y reparar la crisis educativa heredada. Sin embargo, factores combinados impidieron llegar a los 180 días de clases tanto en 2024 como en 2025 y lo que va del 2026. Al histórico conflicto salarial docente se le sumó una deficiente respuesta a los problemas de infraestructura escolar (falta de mantenimiento en redes de gas, calefacción, agua y electricidad), lo que forzó la suspensión constante de actividades. En ese trayecto se disolvió un posible diálogo entre el CPE y los gremios docentes que hoy siguen aplicando paros de 72 horas.
Siendo un gobernador con un fuerte origen en el sindicalismo (Petroleros), uno de sus mayores problemas ha sido el manejo de la conflictividad laboral. Prometió diálogo y empatía con los trabajadores, pero ante la crisis adoptó mecánicas punitivas que en el pasado él mismo criticaba de la gestión de Alicia Kirchner.
La gestión ha mostrado una evidente falta de cohesión en su equipo de trabajo, reflejada en una alta rotación de funcionarios que afecta la previsibilidad y eficacia del gobierno.
Tras el revés en las elecciones legislativas, ejecutó una purga profunda que incluyó la salida de la Jefatura de Gabinete de Daniel Álvarez, así como recambios en el Ministerio de Gobierno y una reestructuración total en el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Esta inestabilidad dificultó la consolidación de políticas públicas a largo plazo.
Vidal prometió recuperar la soberanía sobre los recursos provinciales y agilizar las inversiones, no obstante, el retiro de YPF de las áreas maduras convencionales derivó en un largo y tenso conflicto con la conducción nacional de la empresa (Horacio Marín) hoy prácticamente “arreglado” por intereses que comparten ambos. La falta de una resolución rápida y los cruces de cartas documento retrasaron el ingreso de nuevas operadoras, generando incertidumbre, caídas en las regalías provinciales y motivando reclamos y aumentando la desocupación en zona norte.
Alianzas
El Poder Ejecutivo ha tenido serias dificultades para construir alianzas y consensos dentro de la Cámara de Diputados. El estancamiento (marzo 2026) en torno a la declaración de la “Ley de Emergencia”, fundamental para que la provincia pueda gestionar recursos financieros y créditos, expuso esta debilidad. El discurso oficial de acusar a la oposición de “no dejar gobernar” o de tener “prácticas antidemocráticas” refleja una limitación para negociar y destrabar herramientas claves de gobernabilidad.
El avance impulsado por el oficialismo para modificar estructuras de control, como el Tribunal de Cuentas, generó un alto nivel de conflictividad institucional y denuncias cruzadas. Aunque argumentado bajo el amparo de la “legalidad legislativa”, la constante judicialización de las decisiones políticas ha desgastado el capital del gobierno, desviando el foco de los problemas económicos y de infraestructura urgentes.
Ética y purga
Uno de los errores no forzados más graves de la gestión de Claudio Vidal ocurrió a menos de un año de asumir. El escándalo en Río Gallegos, donde funcionarios armados protagonizaron un choque y posteriormente se refugiaron en el domicilio del entonces ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, desató una crisis institucional. Este hecho obligó a Vidal a exigir la renuncia no solo de Gutiérrez, sino de figuras clave como Ariel Varela (Salud), Mario Markic (Turismo) y Marcial Cané (Caja de Previsión Social). El episodio expuso fallas severas en la selección del equipo de gobierno y contradijo frontalmente la promesa de transparencia y el “fin de los privilegios“.
Colapso electoral
La derrota en las elecciones legislativas nacionales de 2025, donde el oficialismo provincial “Por Santa Cruz” apenas superó el 15% de los votos quedando fuera del reparto de bancas, evidenció la fragilidad de la coalición. La postulación de José Daniel Álvarez como candidato, generó un desgaste político considerable, el cual derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete, aunque Vidal lo premió con un puesto en YPF con 80 millones de pesos mensuales. Ante este revés, Vidal exigió la renuncia de la totalidad de su gabinete de ministros y secretarios para “reorientar el camino“. Este quiebre es un caso testigo de las dinámicas sistémicas que explican por qué no prosperan los frentes y las alianzas políticas una vez que deben enfrentar el rigor y el desgaste del poder ejecutivo.
¿Corrupción cero?
El eje central de la campaña de Vidal fue el desmantelamiento total de la corrupción y el régimen político instalado durante las tres décadas previas. Sin embargo, en la práctica, las acciones se han concentrado en denuncias sobre irregularidades menores o administrativas, sin abordar ni desarticular la matriz profunda de negocios y la gestión de recursos corporativos en la provincia. Sumado a esto, la gestión debió lidiar tempranamente con acusaciones hacia sus propias filas, como las denuncias contra la cartera de Desarrollo Social por el manejo y presunta venta de módulos alimentarios, por ejemplo. Por otra parte, la mayor contradicción la generó el propio gobernador al poner en su gobierno un 90% de kirchnerismo.
Justicia
El desmadre que produjo en la Justicia provincial el forzamiento de la ampliación del STJ por parte del gobierno, dejó una secuela muy profunda en la gestión del SER. Esto no solo resultó agraviante y chabacano para la gente, que sí cree y quiere un cambio en la estructura judicial, sino que puso a la provincia en un conflicto de poderes que difícilmente desaparezca en los próximos años.
Moral
El sostenimiento político de Fernando Españón, cruzado por acusaciones de abusos y malversación de caudales públicos, fue otro tema que degradó la autoridad del gobierno especialmente en su transparencia, moral y el discurso de ser distinto a lo establecido. Esto le acarreó a Vidal un fuerte conflicto interno con el bloque del SER en Cámara de Diputados, falta de apoyo y éxodo en el bloque; finalmente hizo renunciar a su amigo, el diputado al que no querían desaforar. Sin embargo, ante la falta de actuación del juez Yance, a partir de que Españón quedó sin fueros, todo hace pensar que Vidal “negoció” su salida y más que castigarlo, se trató de darle un salvoconducto, quizás con algún acuerdo con la propia justicia que lo tenía al ex intendente “contra las cuerdas”.
Gremios
A pesar del origen sindical del gobernador, la relación con los gremios y trabajadores estatales ha sido un foco de constante tensión. La falta de pauta salarial acorde a la inflación y el deterioro del poder adquisitivo han generado recurrentes medidas de fuerza. Las promesas de recomposición del salario real han chocado con la realidad de las arcas provinciales, resultando en un clima de descontento que contradice la expectativa de paz social que su figura prometía garantizar. Ahora se suma un problema mayor, con la presencia de un Frente Sindical que gana cada vez más poder en Santa Cruz, en la realización de reclamos, protestas y medidas de fuerza.
Peleas con Grasso
El gobierno ha invertido un capital político significativo en una confrontación directa y prolongada con el municipio de Río Gallegos. Este virtual enfrentamiento, caracterizado por cruces mediáticos sobre quién paga primero los aguinaldos o quién ejecuta mejor el presupuesto, ha operado como un problema autoinflingido. Esta polarización interna ha consumido recursos de gestión que, desde la óptica de la eficiencia pública, podrían haberse destinado a la resolución de los pasivos económicos de la provincia.
Finalmente y como muchas veces lo hemos dicho, es un enfrentamiento estéril y sin sentido, cruzado simplemente por los egoísmos personales del gobernador y el intendente que generan olas de acusaciones públicas, pero ninguno de ellos actúan judicialmente contra el otro, como una forma de preservarse asimismo y hacerles creer a la gente que están peleados por una cuestión “ideológica” que no existe como tal, dado que ambos, provienen del mismo sector político: el kirchnerismo.
Ruben Lasagno para Agencia OPI Santa Cruz

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