Del Plá: «Producir sobre sueldos de pobreza un descuento es una actitud antiobrera para un gobierno presidido por un sindicalista»

El gremio aseguró que hubo quitas de hasta un millón de pesos en algunos casos y anticipó acciones legales. También cuestionó la falta de convocatoria a paritarias.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció la aplicación de «descuentos ilegales» en los salarios acreditados el pasado 1 de mayo a trabajadores de la administración pública provincial. La situación generó fuerte malestar en el sector docente y reavivó el conflicto con el Gobierno de Santa Cruz.

En diálogo con Radio Vanguardia, el dirigente gremial Miguel Del Pla explicó que durante el fin de semana muchos docentes advirtieron faltantes en sus haberes, situación que comenzó a confirmarse con la publicación de los recibos de sueldo.

«Hay una cantidad muy grande de compañeros que han recibido descuentos que oscilan entre 200 mil y 400 mil pesos, incluso algunos casos mayores. Tenemos que confirmar uno cercano al millón de pesos», señaló.

Descuentos por paro y denuncias de irregularidades

Desde el gremio sostienen que los descuentos estarían vinculados a medidas de fuerza, aunque cuestionan su legalidad. «El paro es legal, fue informado correctamente y no hubo conciliación obligatoria ni desacato», afirmó Del Pla.

Además, denunció que las quitas se aplicaron de manera «selectiva», afectando más a algunos niveles y localidades que a otros. También indicó que hubo casos de docentes que no realizaron paro y, sin embargo, sufrieron descuentos.

«Muchas veces se hacen descuentos al voleo. Se toma una institución y se descuenta a todos, hayan adherido o no a la medida», expresó, calificando la situación como «desprolija».

Reclamos, antecedentes y posible vía judicial

El dirigente recordó que existen antecedentes de devoluciones tras negociaciones con el Ejecutivo provincial, aunque también señaló que en otros casos los montos no fueron restituidos.

En este contexto, ADOSAC adelantó que trabaja en presentaciones judiciales y reclamos formales ante las autoridades. «Esto es una actitud de intimidación. En lugar de convocar a paritarias, aplican descuentos sobre salarios que ya están por debajo de la línea de pobreza», cuestionó.

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