El Gobierno implementó el «Sistema de Registro de Empleo» para fiscalizar con precisión la residencia de los trabajadores, dijo el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, alertó la ausencia de geólogos e ingenieros en Santa Cruz.
Con las nuevas modificaciones desde la Cámara de Diputados, la Ley Provincial N° 3.141 elevó el piso de contratación de mano de obra local del 70% al 90% en los proyectos productivos de Santa Cruz y abrió un nuevo desafío para el sector productivo.
Santa Cruz Produce dialogó con el sector público y privado de la minería metalífera para conocer sus perspectivas. El Gobierno provincial defendió la decisión como una acción necesaria en un “contexto muy complejo”, asegurando que Santa Cruz fue una de las provincias “más golpeadas en el último año y medio” por su matriz productiva y situación geográfica. Del otro lado, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) señaló que en el segmento operarios el objetivo de la ley está cumplido, pero alertó sobre las dificultades de cumplir en el corto plazo para el segmento técnicos y profesionales.
Sistema de control
El espíritu de la modificación, impulsada por el Ejecutivo provincial en colaboración con los diputados, busca elevar el piso del 70% al 90% e incrementar los años de residencia de 3 a 6 años en Santa Cruz para considerar al trabajador como “mano de obra local”.
El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, destacó que en la reglamentación -que estará lista en las próximas semanas (hay 60 días de plazo)- se fijará cómo se podrá fiscalizar la residencia de los trabajadores. “El domicilio es un dato importantísimo y fundamental, pero muchas veces nos encontramos con que no teníamos el dato real”, precisó a Santa Cruz Produce. Señaló que de los 2.500 puestos que se perdieron en represas, alrededor del 60% no eran residentes santacruceños.
Para hacer efectiva esta fiscalización “inteligente”, el Gobierno puso en funcionamiento el Sistema de Registro de Empleo Santa Cruz el jueves 22 de septiembre, tres días antes de la sanción de la ley. Esta herramienta exige que todas las empresas que se desarrollan en minería, represas hidroeléctricas, hidrocarburos, pesca u otra actividad industrial se inscriban y vuelquen los datos de sus empleados, solicitando no sólo el CUIL o el domicilio, sino los “últimos tres domicilios“, además de otra información que permitirá focalizar la inspección en el domicilio real de los trabajadores.
Sobre el pedido de las compañías que solicitaron implementar el 90/10 de manera progresiva, observó que comprenden a la perfección el objetivo de la ley e indicó que la próxima reglamentación de los cambios en la norma será clave para fijar “los plazos y la progresividad” para avanzar en el reemplazo del personal que sea calificado como “no residente”. El ministro hizo mención a reuniones recientes con mineras, pesqueras e hidrocarburos y represas en Buenos Aires. Aclaró que la ley prevé la excepción cuando se busca un perfil y “no existe” en Santa Cruz, pudiendo traerlo de afuera.
Al abordar la capacitación, el ministro insistió en la fuerte autocrítica que deben hacer las empresas, aunque reconoció que ya existen programas en los que participa el Consejo Provincial de Educación para formar personas residentes. Señaló que estos son “procesos que llevan un tiempo” y no se resuelven de un día para otro, requiriendo que “las empresas tienen que avanzar, el Estado también tiene que colaborar” y certificar los logros. El otro punto prioritario es la seguridad, pues las actividades son de riesgo y “no se puede poner en riesgo la vida de nadie“, enfatizando que la capacitación mínima debe ser tal que permita a las personas ingresar a trabajar.
El cumplimiento de la ley no es “meramente” una cuestión de voluntad, sino que habrá múltiples factores involucrando acciones de los ministerios de Seguridad y Transporte para “incrementar los controles en el ingreso a la provincia“, además de Trabajo, entre otros organismos. El ministro señaló que hay “situaciones puntuales” que deben ser abordadas, como la diferencia entre una planta de fileteado en tierra (exigencia máxima) y la tripulación de un barco que tiene asiento en otro puerto, cuya tripulación “probablemente no sea de acá”.
Verbes manifestó que la expectativa del Gobierno es que las empresas puedan cumplir y que los jóvenes y la mano de obra existente en Santa Cruz “tengan el perfil laboral también para poder dar respuesta“. El objetivo es que el proceso de cumplimiento “comience de manera inmediata, en el transcurso del mes de octubre”, aunque el cumplimiento óptimo será distinto y tendrá que monitorear “desvíos, cumplimiento o grado de cumplimiento“.
Finalmente, citó como ejemplo la fiscalización ya realizada en la obra del aeropuerto, donde ya se hicieron requerimientos e inspecciones con miras al 70/30 y al 90/10 y donde una de las empresas “comenzó a dar cumplimiento ya la semana pasada“, contactándose con la UOCRA. El ministro concluyó que el proceso “no es ni blanco ni negro, hay un montón de situaciones que vamos a tener que ir evaluando”.
Mineras van por más capacitación
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), analizó los desafíos que plantea la Ley Provincial N° 3.141, asegurando que si bien el objetivo es ambicioso, es necesario diferenciar la situación de los operarios de la crisis de formación en puestos especializados, señalando que la “falta de planificación educativa es el verdadero cuello de botella”.
Clarificó que en el segmento de los operarios mineros la industria está “muy cerca de cumplirlo, quizás esté totalmente cumplido” el cupo del 90% de mano de obra local. Este avance es fruto de los cursos de preparación de operarios que se vienen realizando sostenidamente en los últimos nueve años.
Destacó como un hito que este año los planes de capacitación se hayan podido hacer extensivos a todas las empresas mineras. Si bien puede que alguna empresa no alcance hoy el 90%, ubicándose en el 80% u 85%, aseguró que “definitivamente el año que viene esto va a estar completado“. Para Cacciola, el objetivo de tener la dotación de operarios locales está “prácticamente cumplido”, gracias a un proceso de capacitación y mayor conocimiento de la minería que revirtió la dificultad que existía hace diez años para que la gente en Santa Cruz se quisiera insertar en la actividad.
La especialización es el desafío
En otro orden, el presidente de CAEM subrayó que “el gran problema” es la cobertura de las posiciones que requieren mayor preparación y especialización, donde “lamentablemente hay que hacer un trabajo fuerte para ir obteniendo personal local con mucha mayor capacitación“.
Esto se refiere específicamente a técnicos y profesionales, ya que la provincia “no cubre la totalidad de la necesidad de esas posiciones“. La dificultad radica en que no se desarrollaron planes específicos de formación en distintas tecnicaturas ni en segmentos profesionales. Puso como ejemplo que hoy es “prácticamente imposible” conseguir “diez geólogos que vivan en Santa Cruz” o diez ingenieros de minas o especialistas en seguridad industrial, lo que obliga a “encararlo desde el punto de vista de la educación“.
El presidente de CAEM propuso que, de la misma manera que se logró el acuerdo con el Consejo Provincial de Educación para los operarios, ahora se debe buscar “cuáles son las oportunidades para establecer carreras técnicas que hagan que se pueda ir reemplazando personal de otras provincias por personal local“. Admitió que desarrollar carreras universitarias es “más complejo porque va a requerir más tiempo“, pero insistió en que “todo esto requiere de una planificación” y que ya se ha demostrado capacidad de obtener resultados trabajando juntos.
Deserción escolar
El ejecutivo advirtió sobre un riesgo futuro inminente: si la minería del cobre comienza a avanzar en el país, muchos técnicos y profesionales que hoy trabajan en Santa Cruz y que provienen de otros distritos “van a migrar y se van a volver a sus provincias“. Esto generará un problema “forzoso” porque “no vamos a tener persona para ocupar distintas posiciones“. Es por ello que existe un compromiso con el Gobierno de que “empecemos a pensar estratégicamente cómo enfrentamos el futuro” a partir de la capacitación, preparación y elaboración de programas de carrera.
Cacciola compartió la preocupación por el dato inquietante del Consejo Provincial de Educación de 2023, que registró una deserción escolar cercana al 45% en el nivel medio. Señaló que las empresas mineras deben “participar activamente” en los colegios explicando que la minería es una “posibilidad de progreso importante con salida laboral, con trabajo totalmente en blanco, con salarios de buen nivel, con buena cobertura social”. Afirmó que este mensaje debe llegar a las familias, pues la deserción está vinculada a que si no se vislumbra una salida laboral o un futuro, la misma familia no incentiva la educación. En definitiva, es un “desafío y una responsabilidad que tenemos que asumir todos”.
El factor Nación
Al ser consultado sobre el diálogo con Provincia, Cacciola indicó que es “muy positivo”, ya que se “están entendiendo los desafíos”. Confía en que la reglamentación será “razonable” y no cree que la ley sea una “barrera insalvable” para las inversiones si se maneja bien. Sin embargo, fue enfático al señalar que la verdadera barrera para las inversiones está ligada a los incumplimientos de Argentina a nivel nacional, siendo un país que no ha tenido estabilidad macroeconómica ni reglas de juego claras. Subrayó que, a pesar de estar con “precios récord en oro y en plata”, no hay una “avidez enorme” por invertir en Argentina porque “los antecedentes pesan”.
Finalmente, señaló la necesidad de que el Gobierno nacional entienda esto y que se logren acuerdos que incentiven la llegada de inversiones. Concluyó que la importancia de Santa Cruz en el mapa minero sigue siendo fundamental, aunque lo preocupante es que los recursos que se producen “cada vez son menores porque los nacimientos están viejos”.
En este escenario, el sector público y privado en Santa Cruz deberá tejer nuevas estrategias en beneficio del desarrollo productivo y el progreso de sus comunidades. La premisa es que el trabajo de Santa Cruz sea para los residentes santacruceños, una herramienta que permitirá fortalecer las economías regionales de la mano del trabajo y la producción.
La Opinión Austral