El comisario general Diego Agüero detalla los motivos que frenan el acuerdo salarial con los policías autoconvocados y confirma el inicio de sumarios administrativos junto con notificaciones judiciales por el acampe en Casa de Gobierno.
La máxima autoridad de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, en dialogo con Planeta, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, hablo sobre las sucesivas reuniones paritarias en las instalaciones de la Escuela de Policía para destrabar el conflicto económico con el personal de la fuerza. El representante institucional evalúa el estado del diálogo con los efectivos autoconvocados que sostienen un acampe frente a los jardines de la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Las partes intervinientes no logran un consenso definitivo debido a la distancia existente entre las propuestas presupuestarias del Ejecutivo provincial y las demandas de la base salarial. Los representantes legales notifican las actuaciones judiciales promovidas por la Fiscalía ante la ocupación del espacio público por parte de los manifestantes. La jefatura policial anticipa la continuidad de las mesas técnicas de negociación mientras coordina la apertura de expedientes administrativos para determinar las responsabilidades del personal involucrado.
«El diálogo durante la mesa no es correcto, no se lleva de buena forma, pero obviamente es más que nada es por lo que a ellos pretenden llegar, a una suma de dos millones doscientos, a un agente que recién ingresa a la Fuerza y por haber una oferta menor de parte del Gobierno, no se llega al acuerdo que ellos pretenden», explica Agüero al referirse a los desacuerdos metodológicos en las discusiones paritarias. El comisario general añade que el esquema salarial pretendido elevaría de manera desproporcionada los haberes de las jerarquías superiores.
El entrevistado señala que las notificaciones de la Fiscalía ya fueron entregadas a los agentes que permanecen apostados en la sede gubernamental. Con respecto a la posibilidad de un desalojo de las veredas céntricas, el titular de la fuerza expresa que la resolución final depende exclusivamente de los magistrados intervinientes en la causa criminal.
«Lo ideal sería que no actúe ninguna fuerza, que el despeje sea en forma voluntaria y que lo hagan ellos. Pero en caso de que la Justicia llegue a tomar alguna determinación de que tiene que hacerse por alguna fuerza, ellos decidirán quién será la fuerza que actúe», sostiene el jefe policial al evaluar las alternativas operativas en el ámbito urbano. El funcionario remarca que la dilación de las tratativas genera preocupación en la comunidad por la alteración del patrullaje preventivo cotidiano.
En lo relativo al orden interno y el cumplimiento de las normativas vigentes, la conducción de la fuerza inicia el análisis de las conductas del personal que abandona sus tareas habituales para sumarse a las protestas. Los equipos legales de la institución revisan los informes diarios para registrar la presencia de los efectivos en las concentraciones.
«Necesariamente en algunas situaciones tiene que haber porque se necesita investigar de parte de la policía todo el accionar del personal policial y si hay algún tipo de hecho de relevancia para ver qué responsabilidad tiene cada uno en este tipo de situaciones y llegar a determinar si un efectivo es responsable de lo que haya hecho», afirma el comisario general respecto al inicio de los sumarios internos administrativos. Las autoridades gubernamentales ratifican la convocatoria a una nueva mesa de concertación horaria para evaluar las variables financieras de la administración.
TiempoSur Digital

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