El sector empresarial advierte que si se concreta el aumento de las regalías mineras del 3% al 5%, las minas de oro y plata de Santa Cruz, que esperaban algún incentivo para explorar, se verán obligadas a anticipar su cierre de operaciones.
En el marco de las negociaciones por la Ley Bases en el Congreso de la Nación, el senador santacruceño de “Por Santa Cruz”, José María Carambia, propuso hacer una modificación a la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y elevar las regalías del 3% al 5%. De inmediato, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) manifestó su preocupación en un comunicado de prensa: “Es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país”.
Llamó la atención de los referentes de las empresas mineras que la iniciativa provenga de un legislador santacruceño, que -según señalaron- debería estar más al tanto de la crítica situación que atraviesan las minas en producción en el país. Cabe marcar que la primera versión del texto propuesto por Carambia pretendía cambiar el techo de 3% de las regalías mineras para que sea del 30%.
Si bien la producción de oro y de plata, que más de la mitad proviene de Santa Cruz, es la que tiene más peso en las arcas nacionales y sostiene hoy el grueso de los ingresos de divisas del sector, los yacimientos atraviesan una etapa de producción madura, con costos operativos que se van incrementando cada vez más. Además, no hay nuevos proyectos de estos tipos que estén cercanos a la decisión de construcción, es decir, que puedan pensarse como un empalme con los que están más cerca de su cierre o agotamiento para darle continuidad a la actividad y a todo su entorno productivo.
Para revertir esta tendencia de declino del sector aurífero, que tiene que ver con la combinación -a grandes rasgos- de la maduración de los yacimientos, más la insuficiente inversión ante la falta de reglas claras de largo plazo y de estabilidad de la macroeconomía, debería al menos duplicarse la actividad exploratoria actual, según la visión de la entidad empresaria. Esto permitiría extender la vida útil de las minas y daría la posibilidad de proyectar nuevas operaciones como reemplazo cuando dejen de producir las actuales, en los próximos cinco años.
Sólo es comprensible una medida de este tipo en este contexto si las provincias logran proyectar, con ese margen que van a tener en la recaudación por el aumento en el porcentaje de regalías, algún tipo de incentivo directo para mejorar el horizonte productivo de los yacimientos maduros.
Desde la CAEM reclamaron un mecanismo o “incentivo especial a la exploración” para buscar ampliar las minas maduras operativas. “Es imprescindible seguir incentivando la exploración para poder extender la vida de estos proyectos“, remarcó el vicepresidente de la CAEM, Franco Mignacco, en la Expo San Juan Minera.
No sólo no se activó desde el Gobierno nacional ningún tipo de medida que pueda apuntar a revertir el declino, sino que ahora el Congreso de la Nación sumó un problema mayor para todas las minas que están en actividad: un cambio para la Ley de Inversiones.
“Una modificación de este tipo -dice el comunicado de la entidad empresaria- impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país. En este segmento, dada la falta de nuevas inversiones, contamos mayormente con yacimientos maduros, cuyos costos de producción se van incrementando. Subir la presión impositiva sobre los mismos impactará acortando su vida útil y, en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado. Se trata, además, de un sector donde no se generará un recambio, ya que no hay en cartera proyectos nuevos que estén iniciando su producción en los próximos años”.
Según el diagnóstico de la CAEM, la inversión en minería en Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. En ese sentido, la entidad advirtió desde el momento de su redacción que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se incluye en la propuesta de Ley Bases, tenía un potencial importante que podría ser clave para motorizar la industria.
“Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario”, expresaron desde la CAEM en referencia al capítulo de las regalías.
Sabrina Pont para La Opinión Austral