Sancionada en 2001, la ley Ovina disponía de un fondo para el financiamiento blando a productores ovinos. «Es una muy mala noticia», coincidieron en señalar los productores. «Era una herramienta que nos costó años conseguir» señalaron. La última distribución de fondos fue en 2023 y ya para entonces el importe sólo fue del 10% del monto original.
Por decreto 408/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei le puso punto final a la Ley Ovina, una herramienta fundamental para los productores patagónicos y en especial los santacruceños que ayudó a sostener una actividad, muy golpeada por diferentes factores.
En los dos primeros artículos del decreto, el Presidente dispone “disuélvase el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias”.
En el segundo concreta la disolución de “la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias”.
Una herramienta eficaz
Cabe aclarar que dentro del paquete de la Ley Bases se había incorporado al fideicomiso que crea la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los que podían ser derogados. De hecho, desde entonces, no hubo prácticamente ejecución del mismo y por lo tanto en la actualidad, el financiamiento dispuesto por la Ley Ovina estaba congelado en los hechos, por parte del Gobierno de Javier Milei.
En 2023, último año conocido de ejecución plena, los montos destinados a Patagonia fueron de $302 millones, lo que significó 33 mil pesos por productor o $45 pesos por animal. Además de esa cifra, el 90 % correspondieron a proyectos aprobados y financiados como un préstamo, es decir con devolución, por lo que no causaba erogación final al Estado.
La llamada Ley Ovina, fue sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003. Establecía una suma en pesos, equivalente a 20 millones de dólares, para ser distribuidos entre todos los productores ovinos del país.
De hecho “en Santa Cruz el último año que se otorgaron fondos por la ley, fue el equivalente a unos 80 mil dólares” señaló a La Opinión Austral, el delegado de Confederaciones Rurales Argenitinas (CRA) en Santa Cruz, César Guatti.
Desde 2003, la aplicación de la Ley Ovina, ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.
El decreto
“Los regímenes de promoción mencionados ut supra resultan un ejemplo característico de la actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o de ‘ayudas públicas’ propia de la Administración Pública”, explica el decreto en sus considerandos.
Y agrega que “dentro de las notas características de dicha actividad se destaca que la misma es llevada a cabo por la Administración Pública con el propósito de satisfacer las necesidades de interés público por las que ha sido creado, siendo a su vez responsable por el control de la actividad que se fomenta”.
Remarca que “las referidas disoluciones se enmarcan dentro de las facultades delegadas mediante el artículo 3°, inciso b) de la Ley N° 27.742 (Ley de Bases) toda vez que las mentadas Comisiones y el Consejo han sido creados en el ámbito de un organismo incluido en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156.”
También considera que “los mencionados Regímenes fueron diseñados en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual“.
Al tiempo que recuerda que hoy ” las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”.
El justificativo de la Secretaría de Agricultura
Publicado el decreto, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sacó un comunicado, respaldando la decisión presidencial. “Las condiciones que dieron origen a los mismos cambiaron de manera sustantiva y se hace necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados”, señaló.
En particular sobre la ley ovina afirmó que funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables, “que ya no se considera propicio, ni tampoco eficiente”, consideró.
Por eso, “hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos”, dijo.
Para Agricultura, la aplicación de la ley: “No generó impacto en el incremento de las existencias ovinas, dado que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad hubo una disminución del Stock de 13.029.000 cabezas en 2001 a 11.967.429 en 2025″.
Una afirmación que no tiene en cuenta, las diversas condiciones climáticas y macroeconómicas adversas que transitó la ganadería ovina, durante esos 14 años.
Rechazo de los productores
“Es la muerte de la ley Ovina” señaló el presidente de FIAS, Enrique Jamieson. “Es una muy mala noticia” afirmó César Guatti, delegado de CRA. Ambos en diálogo con La Opinión Austral admitieron que poco o nada se ha activado bajo el régimen de la ley, desde que el Gobierno de Javier Milei anunció.
Aunque se admite que el impacto “no se verá de inmediato”, ya en 2024, cuando hubo una intentona, las federaciones rurales patagónicas habían advertido que la disolución de la ley “puede tener efectos desvastadores“.
Hace casi un año atrás, luego de la sanción de la Ley Bases, las federaciones de Rurales de Chubut, la de Santa Cruz y la de Río Negro, advirtieron sobre las consecuencias de anular esta ley: “Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad”.
De hecho los fondos que distribuía, como no fueron actualizados oportunamente, “quedaron totalmente desfasados respecto de la inflación“. Aunque inicialmente, en 2001, el fondo constaba de una disponibilidad de USD 20 millones, en 2023, último año que hubo adjudicación de financiamientos, fueron $800 millones (equivalente al 10%, en dólares, de la cifra original).
“Ya sobre lo último, realmente era muy poco lo que se distribuía”, admitió Guatti, aunque sostuvo que “igual servía“. De hecho “se atendían algunas cuestiones que venían sirviendo para poder mantener, en provincias como Santa Cruz, algunas explotaciones en marcha“.
Por ejemplo “nos habíamos enfocado mucho a mejorar la calidad de vida en el campo para favorecer el arraigo, como la energía solar, el internet, esas cosas para que el hombre de campo se arraigue más en el campo, más que las cuestiones que tengan que ver directamente con la oveja, un poco también adaptándonos a la menor cantidad de fondos que teníamos” marcó el dirigente rural.
“Nos quedamos sin esa herramienta, que nos costó años conseguir” lamentó , finalmente, César Guatti.
La Opinión Austral