Newmont frenó la operación en Cerro Negro y retiró parte del personal. La decisión provocó un fuerte rechazo de Camioneros y UPSAP, sumándose al descontento de AOMA y ASIMRA. Exigen garantías laborales y el cumplimiento estricto de las normas preventivas.
Avanzada la jornada en la que el Gobierno de Santa Cruz avanzó en una serie de inspecciones en seguridad e higiene en las operaciones de Cerro Negro, la operadora Newmont confirmó que decidió interrumpir las labores ya que no estaban dadas las condiciones.Provincia ratificó que además de las seccionales de AOMA y ASIMRA, sumaron su apoyo a las inspecciones concretadas Camioneros y UPSAP: “Los trabajadores vienen expresando distintos reclamos vinculados principalmente con la seguridad, las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas dentro del yacimiento operado por Newmont”.A través de una comunicación interna, la operadora informó a sus empleados que “las medidas adoptadas por Trabajo generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación”.
Asimismo, se indicó que permanecían “afectados el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos. Resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo”.
Más allá de los resultados del relevamiento, Newmont adelantó que “no descarta avanzar en acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado“.
Con anterioridad, mediante una comunicación interna, la operadora informó a sus empleados que “las medidas adoptadas durante la inspección por la autoridad laboral generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación“.Ratificó que permanecían “afectados el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos. En este contexto, resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo”.
“Más allá de los resultados del relevamiento, resultados y consecuencias de las inspecciones del secretario de Trabajo, Javier Aravena, no se descartan avanzar en acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado, tal como lo reveló la empresa”, subrayó.Retiro de trabajadores.
Por otro lado, desde Provincia apuntaron que en el ámbito minero de Santa Cruz se “generó fuerte malestar ante la decisión de bajar personal del yacimiento en medio de las inspecciones y de las exigencias planteadas por los organismos provinciales”.
Y agregaron: “Es preocupante que frente a controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones seguras de trabajo, la respuesta termine generando mayor incertidumbre entre los trabajadores”.
En ese sentido, alegaron que “Santa Cruz lleva años desarrollando la actividad minera con licencia social, controles estatales y presencia sindical. Nunca debería resultar extraordinario que la Provincia ingrese a un yacimiento para controlar condiciones de seguridad y exigir el cumplimiento de la legislación vigente”.
El Gobierno hizo hincapié en que “la minería es una actividad fundamental para la economía provincial, pero su desarrollo necesariamente debe estar acompañado por responsabilidad empresarial, respeto por las normas y protección de los trabajadores”, al tiempo que remarcó: “La seguridad no puede discutirse, negociarse ni quedar subordinada a una decisión empresarial”.
La Opinión Austral
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