Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, fallecieron cuando estaban realizando un trabajo en interior de mina, en perfecto conocimiento del protocolo de seguridad debido a su experiencia y de acuerdo a información suministrada por el MInistro de Trabajo Julio Gutierrez ambos se habrían contaminado con gases en las galerías de la mina y señaló que la empresa dijo que Ochoa y Ledesma “no debían estar en ese lugar”; hasta ahí es lo que se sabe.
El gobierno provincial suspendió las actividades en la operadora desde ese momento hasta la actualidad (11 días), constituyendo la primera vez que en Santa Cruz se toma una medida de este tipo, dado que ante situaciones similares, con operadores fallecidos por accidentes de máquinas o motivos nunca aclarados, las mineras han continuado con su operatividad más allá de algunas horas o un día a lo sumo de suspensión, mientras se realizaban las actuaciones judiciales de las cuales nunca se supo nada.
Newmont está tratando por todos los medios que se reactive la producción y presentó un informe de auditoría interna, realizada por una empresa privada, ante la Secretaría de Minería y en virtud de ello la Secretaria de la cartera Nadia Ricci, sospecha que si realmente el sistema de seguridad hubiera funcionado como dice la operadora, no habrían muerto las dos personas, cuestión que hoy está bajo investigación de la justicia, asegurando la funcionaria que la suspensión de las actividades se mantendrán hasta que se evalúen y cumplan todos los procedimientos exigidos al yacimiento.
Extraño requerimiento
Es importante atender los dichos de Ricci cuando expresa “la empresa ha presentado un borrador de una investigación que hizo con una consultora de manera interna; una auditoría y el seguro para la apertura del yacimiento” y remata señalando “Estamos evaluando toda esa documentación así como otras cuestiones que se le fueron requiriendo a la empresa relacionadas con el tema de proveedores, de compra local y de empleabilidad. Una vez que estén todos los requerimientos, se levantará el cese a la empresa“.
Un cuestionamiento que le hacemos a la señora Ricci es si ella se va a apoyar exclusivamente en “la investigación y auditoria” que hace la propia empresa. Es decir, ¿El investigado se va autodiagnosticar?. ¿No debería ser la autoridad de aplicación quien llevar a cabo la auditoría?. Esa auditoría realizada por Minería ¿No debería ponerse a disposición de la Justicia federal, que (se supone) determinará culpabilidades y responsabilidades por el fallecimiento de las dos personas a cargo de Newmont?.
¿De qué se trata entonces?
Después de analizar los dichos de Ricci, comenzamos a pensar que en todo este contexto, pareciera que la muerte de estas dos personas no es la que promueve la sana medida de suspender las actividades de la operadora, hasta tanto se tenga por cierto, primero, qué sucedió allí y produjo el desenlace fatal de los trabajadores y segundo, qué dictamina la justicia en cuanto a las responsabilidades de la patronal en relación con estos dos decesos.
Ricci, reafirmó “Vuelvo a insistir, independientemente de la conducta del personal, en este caso de Rosana y de Daniel, la empresa tiene que asumir la responsabilidad por lo que le compete. Y es eso lo que nosotros estamos requiriendo, si ese sistema de seguridad hubiese funcionado como corresponde esto no hubiera pasado“.
Ahora bien, tomándonos de las palabras de Ricci, de los graves hechos que ocurrieron y de la falta (aún) de información certera y concreta de cómo y por qué murieron dos trabajadores en el interior de la mina Cerro Negro, es una obviedad decir que la operadora no puede volver a la actividad hasta que el caso esté debidamente clarificado, individualizado el motivo de la muerte, apartados los responsables o en caso de que la responsabilidad haya sido de la operadora por las fallas de un plan de seguridad, llevado ante la justicia como corresponde, aún cuando eso implique el cierre temporario del yacimiento. ¿O es más importante la producción minera que la vida de los trabajadores?. Si no hay respuesta concreta y clara respecto de nuestro interrogante, debemos pensar que es sí.
El siga siga de los interesados
CAPROMISA, la Cámara que reúne a los proveedores mineros de Santa Cruz, ante la suspensión de Cerro Negro salió con los tapones de punta a señalar que en estos 11 días de inactividad se ponen en riesgo 1.200 puestos de trabajo, “las pymes santacruceñas”, trabajadores mineros y las finanzas provinciales, debido a que esta minera aporta un 50% de las regalías mineras a Santa Cruz.
El Acta labrada por el Ministerio de Trabajo ordena el cese total de actividades en todos los frentes de trabajo hasta que no exista una medición de gases, historial de las comunicaciones entre los operarios fallecidos con la sala de control o el sector que debe ejercer el control del personal en interior de mina. Hasta el momento, esta información no habría llegado a las autoridades de Trabajo y se desconoce si está en poder de la justicia.
La pregunta que nos hacemos es ¿Alguien puede autorizar la actividad minera cuando aún no están dilucidados los hechos, no se sabe por qué y cómo murieron dos personas en el yacimiento?.
La otra pata que falta en esta historia es el sindicato AOMA, en total silencio, cuando su deber es responder y cuidar al personal que trabaja en minería. Una acción bastante coherente con la acción coordinada que su referente, dedicado a la política, Javier Castro, ha desempeñado por muchos años codo a codo con las operadoras mineras.
Un argumento con puerta de escape
Repasemos los dichos de Ricci en un párrafo de su explicación sobre las actuaciones que está llevando a cabo desde el organismo a su cargo “estamos en evaluación de toda esa documentación así como otras cuestiones que se le fueron requiriendo a la empresa relacionadas con el tema de proveedores, de compra local, y de empleabilidad. Una vez que estén todos los requerimientos, se levantará el cese a la empresa“.
Da la sensación de que en realidad el tema de la muerte de los operarios es una cuestión más dentro de una serie de “requerimientos” que nada tienen que ver con el grave accidente ocurrido en las entrañas de la mina.
Proveedores, el compre local y la empleabilidad, no parecen ser los temas prioritarios que afecten de manera directa a la investigación de lo ocurrido y mucho menos que deba ser parte de una investigación del siniestro. ¿O acaso se trata de aprovechar el incidente para presionar a la empresa con el fin de lograr que se ponga al día en cuestiones de orden laboral y cuando acceda a regularizarlas, independientemente si está aclarado o no la muerte de los trabajadores, Ricci le dará vía libre para volver a operar?.
Hasta aquí el gobierno provincial actuó muy bien, pero si la muerte de los trabajadores no queda debidamente aclarada y Newmont sigue trabajando normalmente, estaremos ante la presencia de un interés supremo a la vida humana: los intereses privados, empresarios y políticos que se ciernen alrededor de la minería en Santa Cruz.
Agencia OPI Santa Cruz
