El secretario general de los Judiciales Provinciales argumentó las razones por las que se presentó el amparo en la justicia para frenar la ampliación del TSJ de 5 a 9. Indicó que significará una erogación de 4.500 millones de pesos. Cuestionó que, en paralelo, el Poder Judicial tuvo un recorte del 38% del presupuesto.
Este jueves, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales presentó un amparo para suspender el tratamiento de la ley que aumenta de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Denunciaron que es inconstitucional pero, además, cuestionaron que se da en un marco de fuerte ajuste presupuestario.
El secretario general de los judiciales provinciales, Franco Mascheroni, acompañado del secretario general de ADOSAC filial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, encabezaron la conferencia de prensa donde brindaron detalles de la medida cautela sobre la ley de ampliación del TSJ.
“El Poder Legislativo modifica el artículo de 5 vocales a 4 vocales más, dentro del Tribunal Superior de Justicia, una medida que nos parece hoy muy brusco, en el contexto político y social, porque eso va a generarle al Presupuesto Provincial unos 4.500 millones de pesos o más”, comenzó Mascheroni.
Ante eso, subrayó: “Nosotros como sindicato y, siguiendo la línea histórica que viene teniendo el gremio de Judiciales, decidimos accionar con un Amparo para frenar esta medida y que desde la Cámara de Diputados revean si es ameritable gastarse 4.500 millones o más en 4 vocales, más toda la estructura que conlleva eso”.
Más adelante, enfatizó que el año pasado al sector de la justicia le recortaron un 38% del presupuesto, por lo que dijo: “Hoy parece que hay plata pero hace un año atrás no había, por eso nos recortaron este 38%” ya que “estamos hablando que desde 169 mil millones, nos recortaron a 106 mil millones”, especificó.
Mascheroni también señaló que ese recorte llevó a que la paritaria de los judiciales se vaya retrasando porque dentro de esas partidas van los salarios, los aumentos y todo lo que respecta a los trabajadores y trabajadoras de la justicia. Advirtió que estos arriba de 4.500 millones que significarán llevar a 9 los vocales en el TSJ afectan a todos los trabajadores públicos.
“Se ve que (para eso) hay dinero, pero hoy tenemos todas las paritarias cerradas de nuestros compañeros de la educación, nuestros compañeros de la salud”, subrayó el secretario general del gremio de los Judiciales Provinciales.