La administración de Javier Milei evalúa avanzar por decreto con la modificación de la Ley 26.639, que prohíbe actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares. La norma fue sancionada en 2010 tras años de lucha social y científica, y protege reservas estratégicas de agua dulce. Qué implica esta posible reforma, qué sectores se verían beneficiados y por qué especialistas advierten sobre el riesgo para millones de personas, ecosistemas y territorios vulnerables.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras una intensa movilización social, es una de las normas ambientales más importantes del país. Su objetivo es preservar las formaciones de hielo y el ambiente periglacial, reconociéndolos como reservas estratégicas de recursos hídricos y esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei evalúa modificarla mediante decreto, tras haber fracasado en su intento de incluir reformas en la Ley Bases. La propuesta encendió alarmas en sectores científicos, ambientales y sociales.
La legislación vigente, identificada como Ley N° 26.639, establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y prohíbe la realización de actividades industriales, como la minería y la explotación de hidrocarburos, en áreas donde existan cuerpos de hielo. Esto incluye tanto los glaciares visibles como aquellos menos evidentes, conocidos como ambiente periglacial, que también cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica.
Las modificaciones que evalúa el Ejecutivo buscarían reducir el alcance de estas protecciones, permitiendo el avance de actividades productivas sobre zonas periglaciares. Si bien aún no se ha oficializado el decreto, desde el Gobierno reconocen que existe voluntad para avanzar en esa dirección. Esta decisión podría tener consecuencias profundas para la seguridad hídrica de millones de personas y para la biodiversidad que depende de estas reservas de agua.
El ambiente periglacial incluye cuerpos de hielo cubiertos por sedimentos o mezclados con rocas, que no poseen la espectacularidad de los glaciares tradicionales pero desempeñan un papel crucial. Estas formaciones almacenan agua dulce que, en períodos de escasez, alimentan ríos y cuencas hidrográficas. Su destrucción no solo comprometería el suministro de agua para comunidades y actividades productivas, sino que también aceleraría procesos de degradación ambiental.
La ley también tiene un fuerte valor simbólico. Fue construida con el respaldo de instituciones científicas, organizaciones sociales y académicas, y representa un hito en la historia del ambientalismo argentino. El nuevo intento por modificarla se da en un contexto internacional que reconoce la urgencia de proteger los glaciares: 2025 ha sido declarado por la Unesco y la Organización Meteorológica Mundial como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares.
La pérdida de glaciares no es una amenaza hipotética: en América del Sur ya se ha registrado una reducción del 25% de la cobertura de hielo desde fines del siglo XIX. La situación es especialmente crítica en los Andes y la Patagonia, donde el retroceso glaciar se acelera por el cambio climático y genera impactos como sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad.
Modificar la Ley de Glaciares para habilitar la minería en estas zonas significaría, además, desoír el consenso científico y vulnerar un marco normativo construido para garantizar derechos colectivos sobre el acceso al agua y el equilibrio de los ecosistemas. La propuesta no solo pone en riesgo una ley emblemática, sino que podría abrir la puerta a una mayor mercantilización de los bienes comunes y a una creciente presión sobre los territorios más frágiles del país.
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