Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación confirmó que el monto del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad es de 684.000 millones de pesos.
El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales.
Ahora resta avanzar con ese mecanismo. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya pidieron al tribunal que acelere el decomiso de bienes y elaboraron una lista de propiedades y vehículos a rematar.
Los fiscales ofrecieron un listado donde señalan más de 140 bienes “decomisables” con los que es posible comenzar a cubrir los 684.000 millones de pesos que, al cambio oficial, equivalen a más de 530 millones de dólares. Son propiedades adquiridas por los condenados entre 2003 y 2015, el período juzgado en la causa.
Es una lista no exhaustiva e incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Baez o de sus compañías; otros 20 de la expresidenta en la provincia de Santa Cruz -la mayoría cedidos a sus hijos Máximo y Florencia-; y una veintena de propiedades que son del resto de los funcionarios condenados. Por caso, el exsecretario de Obras Públicas, José López, figura con cinco inmuebles.
El tema con Báez es que sus bienes ya fueron rematados en la causa comercial por la quiebra de Austral Construcciones. Con lo que ya no quedan inmuebles del más acaudalado de los condenados. Sólo restan rematar un obrador y un terreno en Río Gallegos.
La ejecución de la pena comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme, en junio de este año, la sentencia emitida por el tribunal oral, en diciembre de 2022. El decomiso de los bienes, sin embargo, aún no se ejecutó.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado venció el 13 de agosto, luego de una intimación por parte del Tribunal.
En respuesta a un pedido de nulidad de la expresidenta, los fiscales pidieron entonces la “ejecución inmediata” de los bienes, tal como recordaron en su escrito.
Los fiscales presentaron ese escrito en respuesta a la decisión del tribunal oral de correrle vista a cada una de las partes para que se expresen. “Pretender que las defensas puedan tener participación y opinar sobre la ejecución de una pena accesoria firme, recaída en su contra, se asemeja, en sus efectos, a habilitar una nueva instancia recursiva”, dijeron y se opusieron.
Entre las 20 propiedades de Cristina Kirchner identificadas por los fiscales se encuentra el terreno de más de 6000 metros que la expresidenta le cedió a en febrero de 2007 a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. El terreno había sido adquirido como tierra fiscal dos años antes y según los registros lo hizo valer 45 veces su precio original.
La mayoría de los bienes de la expresidenta son fideicomisos destinados a la construcción, que cedió a sus hijos Máximo y Florencia.
Allí no figura el departamento en el barrio de Constitución donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria. El inmueble está embargado en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde sigue siendo investigada.
Los bienes señalados, dijeron los fiscales en su escrito, “constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme”.
Ahora, con el fallo de la Casación queda liberado ese camino. La decisión fue de la Sala IV, que confirmó la actualización del monto de decomiso en la suma de 684.990.350.139,86 pesos.
Esta suma había sido fijada por el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, cuando actualizó el monto establecido en la sentencia del juicio oral.
Cristina Kirchner había atacado el sistema de actualización aplicado, ya que entendido que utilizar el índice de precios al consumidor (IPC), que elabora el Indec, era inadecuado.
Señaló que resultaba más apropiado el criterio seguido por su perito contador de parte, quien calculó la actualización del decomiso en 42.494.357.845 de pesos y pidió que se suspenda la ejecución de los bienes.
Adhirieron a ese recurso de casación las defensas de Báez, José López y Mauricio Collareda.
La Casación, por unanimidad, sostuvo que la actualización efectuada sobre la base del IPC es un método idóneo para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.
Los camaristas desestimaron los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, al considerar que no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa. De esta forma, confirmaron lo resuelto por el tribunal oral.
La resolución de los jueces remarca que el decomiso tiene naturaleza obligatoria y es una consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento de lo establecido por el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.
Además la Cámara de Casación concluyó que devinieron abstractos otros planteos de la defensa, por ejemplo, con respecto a una nulidad rechazada por el tribunal oral y en contra de la decisión de conceder el recurso de casación sin efecto suspensivo.
La Nación