El director nacional del INTA, Ariel Pereda, escribió una carta a la sociedad argentina par explicar qué implica los cambios en el organismo nacional. «Las economías regionales, los productores familiares, los saberes locales, quedarán fuera del radar», advirtió. Agregó que «desaparecen cerca de 300 espacios de trabajo territorial, desde Ushuaia a La Quiaca».
En el transcurso de esta semana, los trabajadores de la Estación Experimental del INTA Santa Cruz brindaron una conferencia de prensa para expresar su contundente rechazo al decreto que modifica la cantidad de personal del organismo y elimina su autarquía. Denunciaron un “ataque” a una institución estratégica y la falta de empatía del Gobierno nacional, que amenaza con despidos y un continuo ajuste salarial.
Sucede que el l Decreto 462/2025 sostiene que el área de administración del organismo “concentra más del 30 % de los recursos humanos” y que, según el Gobierno Nacional, es una cantidad “muy por encima de los estándares habituales” para el tipo de actividades que realiza el INTA. Asimismo, se sostuvo que el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas son llevadas “sin una estrategia clara” y dejaron como resultado una “falta de vinculación de las actividades que implementa con las necesidades y demandas prioritarias” de los diferentes sectores productivos involucrados.
Carta del director
En este escenario, el director nacional del INTA, Ariel Pereda, escribió una carta dirigida a toda la sociedad argentina que la tituló “Análisis de una modernización prepotente“.
Señaló que “la palabra modernización hace referencia inmediata al progreso, a una mayor eficiencia y adaptarse al futuro. Cuando se utiliza como único concepto para justificar el cambio o la transformación, exige un análisis profundo sobre los diagnósticos y fundamentos que lo impulsa”.
Observó que “el reciente decreto presidencial que redefine el INTA no lo elimina formalmente, pero lo modifica en su esencia. Lo que se propone no es una reforma, sino una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta”, “lo que se está desmantelando es una institución pública federal, con prestigio internacional, profundamente meritocrática, con una rica historia de logros y una legitimidad construida desde la participación territorial. Lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país”.
¿Cómo se destruye una institución sin cerrarla?, se preguntó en el escrito. La respuesta fue contundente: “Eliminando su autonomía, quitando poder a sus representantes territoriales, borrando la voz de la academia y reduciendo la de los productores en el Consejo Directivo”.
“Con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder. La nueva versión se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática. ¿Qué podemos esperar? Que se promuevan y financien sólo las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado. Las economías regionales, los productores familiares, los saberes locales, quedarán fuera del radar. No por falta de mérito, sino por falta de rédito”.
Realidad
Más adelante, señaló que el Gobierno de Javier Milei “justifica esta intervención con datos erróneos. Hablar de 932 cargos jerárquicos; de un crecimiento del 100% de su planta en los últimos 20 años; de poseer 110.000 hectáreas de las cuales en 65.000 no se sabe que pasa; o de la existencia de 3.000 vehículos… Es falso”, denunció .
“Pero que encima de todo esto, se afirme y argumente que el INTA había perdido su rumbo, con líneas de investigación libradas a criterio de cada investigador no sólo es falso, no sólo desconoce la planificación y determinación de las líneas estratégicas definidas en conjunto con los consejeros en todo el país, sino que es sumamente ofensivo“, disparó contra el discurso del oficialismo.
“Por si fuera poco se desconoce el trabajo cotidiano, austero y comprometido de miles de técnicos, personal de campo, extensionistas e investigadores que hacen del INTA una institución de referencia nacional e internacional. Hay más y peor aún. Jamás se promovió esta medida a partir del diálogo constructivo entre las partes. Desde diciembre de 2023 la Dirección Nacional participó de reuniones, proponiendo diálogo, demostrando las capacidades e importancia del INTA para el país, y hasta desarrolló propuestas con la intención de frenar una acción que genere un impacto negativo irreversible, como la que al fin se está concretando. La contraparte del gobierno nunca tuvo la real intención de escuchar; sólo de imponer”.
Entre otros aspectos, precisó que “el nuevo decreto permite borrar del mapa las agencias de extensión rural. No sólo desaparecen cerca de 300 espacios de trabajo territorial, desde Ushuaia a La Quiaca, sino también las redes de trabajo con municipios, asociaciones de productores y otras organizaciones locales. Además, se podrían eliminar los Centros Regionales, ámbito de diálogo directo, de articulación de acciones y de apoyo a los gobiernos provinciales”.
La Opinión Austral