Desde la creación de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) en los 90, el financiamiento para los controles surgiría del aporte del sector público y privado. Desde el sector cerecero aseguran que en la actualidad sostienen casi en soledad los controles de un status del cual se benefician varios. Plantean que la barrera sanitaria beneficie a los que apuestan al mantenimiento del estatus.
A inicios del mes de marzo, en un contexto de flexibilización de controles sanitarios, el Gobierno nacional publicó la Resolución 180/2025, que modifica la barrera sanitaria para el ingreso de carnes y productos cárnicos a zonas del país donde no se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa. La normativa se basa en estudios del Senasa que indican que el virus no circula en el territorio nacional, minimizando el riesgo de propagación, pero la barrera sanitaria no solo controla los productos cárnicos, sino que también la propagación de enfermedades el la producción de la fruta: pera, manzana, durazno, ciruela y cereza.
Esta resolución generó resistencia en provincias patagónicas, que ven en la medida una amenaza para el estatus sanitario de sus producciones. De hecho, tras una reunión se decidió suspender su aplicación por 90 días para evaluar su impacto. Durante este período, se espera que los gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional analicen las implicancias de la resolución y acuerden medidas que mitiguen los riesgos para la producción agropecuaria.
Ahora bien, ante la decisión del Gobierno nacional y a pesar de la suspensión de la medida, desde ATE alertan sobre la decisión de SENASA de unificar las barreras fitosanitarias con las zoosanitarias, reubicándolas en puntos más al sur, específicamente en Río Colorado y Catriel (Río Negro), decisión que ya se habría hecho efectiva, lo que podria generar la propagación de la mosca de los frutos en zonas productivas, comprometiendo la certificación sanitaria de la Patagonia y generando preocupacion, particularmente, en el sector productor de cerezas, desde donde aseguran sostienen el 70% de financiamiento para los controles.
Federico Guerendiain, gerente de cooperativa Oasis de Los Antiguos, principal exportador de cerezas de la región, expuso, a TiempoSur, su preocupación ante los recortes planeados en SENASA, y expresó postura ante la situación: “Cuando se creó la barrera sanitaria en los 90, el decreto decía que el 60% de los fondos lo ponían los productores y el 40% el Estado nacional, a través del SENASA, y las provincias patagónicas involucradas que tenias producción para defender, ya sea carnes y frutas, pero el primer problema que tenemos es que los productores de carne no ponen un peso y los que si pagamos cada vez que sale una caja por río colorado, somos los productores de fruta, se exporta o no se exporte”.
Además, Guerendiain asegura que “hace 5 años el gobierno aporta cada vez menos y fue recayendo la responsabilidad sobre los productores de fruta, pero como en Rio Negro y Neuquen la mayor produccion de kilos es de pera y manzana, que no se exportan a m,ercados como China o Estados Unidos, a los productores tampoco les interesa mantener la barrea y no quieren pagar el aumento en el costo. Cuando votan el aumento en FUNBAPA, votan por no pagar y pretenden que lo paguen los productores de cerezas que exportamos a estos países”, y detalló: “Hoy los productores de cerezas pagamos 40 mil pesos por tonelada que salen del río Colorado, mientras que los de manzana y pera pagan 4 mil pesos por tonelada, y los productores de carne nunca pagaron nada. La quieren levantar porque nadie quiere poner la plata”.
Para Guerendiain, no es solo ese el problema, sino que “por otro lado lo que se recauda va a parar a Neuquén, Rio Negro y Viedma que es donde esta la administración de FUNBAPA, donde tienen mas de 200 empleados”, y explicó: “Nosotros llegamos a plantear la independización de FUNBAPA y poner nuestra barrera sanitaria en Ramon Santo, donde podemos mantener la barrera sanitaria con 10 personas y no mantenemos la burocracia de Rio Negro y Neuquén, e incluso se puede diferenciar la fruta, de la carne, porque no es justo, o pagamos todos o que el control beneficie a los que pagamos. Hasta ahora el 90% lo aportan los productores de frutas, y un 70% los cereceros”.
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