Con el cierre inminente de varios yacimientos y la escasez de nuevos proyectos que garanticen continuidad, la formación de mano de obra local aparece como alternativa al impracticable 7×7.
El 10 de octubre era la fecha estipulada para que entrara en vigencia Resolución N° 351 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que pretende modificar el régimen laboral de 14×14 días a 7×7 en la minería y en el sector petrolero, y que generó mucha polémica, principalmente dentro del sector minero.
De acuerdo a lo que pudo conocer Santa Cruz Produce (SCP), hasta el momento, ninguna empresa abocada a esas actividades ha logrado aplicarla.
Remarcan, una vez más, que este cambio no sólo aumentaría los gastos operativos y logísticos, sino que podría poner en peligro la viabilidad de varios proyectos, afectando su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Así lo destacó públicamente la presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), Verónica Nohara, al advertir que el nuevo régimen laboral que se impone “no sólo infringe derechos constitucionales, sino que también incrementa significativamente el costo de producción“.
Otros inconvenientes
Además de los aspectos legales y económicos, el régimen de 7×7 presenta desafíos para la seguridad y bienestar de los trabajadores, sobre todo en una provincia donde las largas distancias entre yacimientos hacen inviable este esquema.
De acuerdo con voceros de las empresas consultados por Santa Cruz Produce, la propuesta de reducir los días de descanso, lejos de los objetivos que plantea, no soluciona los problemas de arraigo y no incentiva el gasto local, mucho menos ante un escenario de poca perspectiva de futuro para la gran mayoría de las minas en funcionamiento.
Otro obstáculo en el contexto regional es la baja actividad en sectores paralelos, como el petróleo, lo que genera desempleo y empuja a extrabajadores a buscar oportunidades en la minería.
En forma reciente, se creó la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Energético, Minero y Ambiental (CAPPEMA), conformada, en gran medida, por exempleados petroleros, busca justamente aprovechar esta mano de obra y facilitar su reinserción en la actividad minera, ante la preocupación creciente y a tono con el Gobierno provincial por la desinversión realizada por YPF y la consecuente disminución de puestos de trabajo para operaciones.
Ante este complejo panorama, el equipo de Vidal evalúa la posible aplicación o extensión desde la gobernación de iniciativas privadas que han sido exitosas en la provincia, como por ejemplo el programa de capacitación de Minera Santa Cruz, que desde 2016 ofrece cursos de formación en “colaborador minero”, orientados a jóvenes que terminan la secundaria.
Con una duración de entre cuatro a seis meses, estos cursos combinan teoría y prácticas en yacimientos, preparando a los estudiantes para integrarse rápidamente al sector. De hecho, muchos de los egresados han logrado empleo en la compañía apenas dos meses después de finalizar el programa.
Hasta la fecha, más de 400 personas han sido capacitadas y empleadas, lo que refleja el impacto positivo que tiene una iniciativa de este tipo.
Un desafío
A pesar de estos avances, la participación de empleo local sigue siendo un desafío. Los sectores mineros han demandado históricamente personal calificado, y la formación de trabajadores de la región es una prioridad. Así las cosas, la iniciativa de Minera Santa Cruz no es el único caso, de hecho, casi todas las empresas mineras que operan en la provincia pusieron en práctica programas similares, pero se impone una nueva necesidad que tiene que ver puntualmente con tratar de fomentar el arraigo.
La polémica medida del Gobierno de Vidal no contempla las largas distancias que hay entre los centros urbanos y los yacimientos, incluso dentro del territorio provincial. En efecto, tal como lo han manifestado los propios trabajadores mineros, la exigencia de los turnos de trabajo 7×7 les generaría un mayor cansancio e inseguridad, porque no lograrían recuperarse y cumplir con el nivel de condiciones que se requiere en el sector.
De acuerdo con referentes de las mineras, los programas que apuntan a dar capacitación a jóvenes locales también ayudan a las empresas a reducir su dependencia de trabajadores de otras provincias para tareas de menor jerarquía. “Es un esfuerzo a largo plazo, pero ya se ven resultados“, afirman y remarcan que la proporción de empleo local ha mejorado en los últimos años.
Los costos
En contraste con los altos precios del oro y la plata, la industria minera en Santa Cruz enfrenta altos costos operativos y minas que están alcanzando el final de su vida útil. De hecho, al menos cuatro de los principales proyectos en la provincia tienen una vida proyectada de menos de cinco años.
Más de una vez, las empresas que se agrupan en CAMICRUZ han advertido que esta situación demanda medidas urgentes para incentivar la exploración y atraer nuevas inversiones que garanticen la continuidad del sector.
En línea con eso, la capacitación extendida de trabajadores locales sumada a algún incentivo que fomente el arraigo podría también asegurar la viabilidad a largo plazo de la minería en la provincia, ya que proporciona beneficios tanto a las comunidades locales como a las empresas.
Sabrina Pont para La Opinión Austral