Romina Lasagno, trabajadora del INTA y delegada de ATE, alertó sobre el riesgo de cierre de agencias, pase a disponibilidad de 1500 trabajadores y negocios inmobiliarios con los bienes del organismo.
El reciente decreto presidencial que modifica la estructura de gobernanza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generó preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde Santa Cruz, la delegada de ATE Romina Lasagno denunció que la medida constituye un “golpe a la institucionalidad”, ya que concentra las decisiones en una sola figura política: el presidente del INTA.
En diálogo con el programa Planeta Tiempo, que se emite por Tiempo FM 97.5, Lasagno sostuvo que el cambio rompe con el histórico modelo colegiado del organismo: “Siempre estuvo gobernada por un grupo que se llama Consejo Directivo Nacional, donde se escuchaban las distintas voces. Estaban las voces de los productores, las voces del gobierno, las voces de las universidades. Ese órgano tomaba todas las decisiones técnicas para el INTA a nivel nacional. Ahora este decreto modifica y rompe esa gobernanza y pone a la cabeza de la toma de las decisiones una sola persona que es el presidente del INTA, que es hoy por hoy Nicolás Bronzovic y la vicepresidenta María Beatriz Giraudo y son puestos políticos. Son gente que va a cambiar según el gobierno de turno, que no concursan y que tienen en su mano la decisión de todos los temas que incumben al INTA”.
La delegada remarcó que el organismo atraviesa una situación inédita en sus casi siete décadas de existencia: “Como INTA tenemos 69 años de historia, nunca nos pasó esto. Jamás. Siempre tuvimos en cuenta la parte de estado del gobierno, porque ellos eran una voz dentro del consejo, pero no tomaron nunca las decisiones solos, porque en las decisiones técnicas de un organismo técnico necesitás escuchar a los distintos sectores, a las universidades, al sector de los productores. Nuestra gobernanza pasa a ser netamente política y es, como le decimos nosotros, un golpe muy fuerte a la institucionalidad”.
Entre las consecuencias concretas, Lasagno advirtió sobre el posible cierre de agencias de extensión en el interior del país, lo que afectaría directamente el trabajo con productores y comunidades rurales: “Él tiene la potestad de decidir cerrar todas las agencias de extensión del interior, nuestras oficinas están en casi todos los pueblitos del interior, eso desaparecería”.
A esto se suma la amenaza de pase a disponibilidad de al menos 1500 trabajadores, medida que forma parte del plan de gestión presentado por las nuevas autoridades. La delegada alertó: “Si bien en el decreto no decía esta magnitud, todavía no estamos salvados, digamos. No es que con el decreto no nos van a cerrar, nos pueden cerrar un montón de agencias, que yo creo que va aparentemente es un poco la idea”.
Además, Lasagno denunció intereses económicos detrás de las medidas: “Detrás de esta aparente modernización del Estado, este ajuste por el ajuste, hay mucho negocio. Atrás de la venta de los edificios del INTA, de las miles de hectáreas de campo que tenemos, hay negocio inmobiliario, la plata va a ir vaya a saber en qué, porque en eso no va a volver al pueblo, estamos segurísimos de eso”. Como ejemplo, mencionó la venta del edificio histórico del INTA en Palermo y la preocupación por la pérdida de hectáreas con valor científico.
Finalmente, la delegada realizó un llamado a la información y participación ciudadana: “Infórmense, porque si la gente se informara, estaría con nosotros en la calle. Eso es para nosotros muy importante poder comunicar, que donde nosotros, los trabajadores del Estado, estamos haciendo fuerza para que no se destruya el Estado, nosotros sí queremos un Estado presente y eficiente de verdad, porque nosotros no tenemos, no vamos a hacer negocios con el Estado”.
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