La causa se inició después de las denuncias vinculadas a comunicaciones internas entre sectores que participan de la protesta salarial. Entre las pruebas aportadas, se destacan los mensajes que aludían a eventuales medidas extremas. Las presiones internas y las amenazas. Los límites del justo reclamo.
El portón de Alcorta 231, en Río Gallegos, fue el protagonista central del comienzo de la denuncia que la Fiscal de Estado Natalia Linardi realizó la semana pasada.
Según el escrito oficial los hechos se produjeron alrededor de las 11 de la mañana del martes 23 de junio cuando un grupo de manifestantes ocuparon los jardines y accesos de la sede gubernamental: impidieron el ingreso y egreso por el portón principal y obstaculizaron la circulación de vehículos oficiales.
Para la Fiscalía la protesta excedió los límites del derecho constitucional a peticionar y que la ocupación de los espacios de acceso a Casa de Gobierno habría afectado el normal funcionamiento de la administración pública.
Y aportó un dato significativo: los involucrados serían, en su mayoría, efectivos policiales en actividad o retirados, circunstancia que – a criterio del organismo- reviste especial gravedad institucional.
Ahora, una nueva y grave denuncia
Mientras continúa el conflicto salarial que mantiene en estado de tensión a parte de la Policía de Santa Cruz y al Servicio Penitenciario, la Justicia Provincial abrió una investigación a partir de una serie de denuncias que involucran presuntas comunicaciones internas intercambiadas entre integrantes de los sectores que impulsan las medidas de fuerza.
El expediente busca determinar la autenticidad y el alcance de distintos mensajes que habrían circulado en grupos de comunicación utilizados por efectivos policiales y penitenciarios.
A todo esto, fuentes judiciales confirmaron a este medio que podrían considerarse, como la anterior denuncia de la Fiscal de Estado, de “gravedad institucional” por las referencias “extremas” de las palabras utilizadas en los mensajes.
Las expresiones harían referencia a la posibilidad de generar situaciones críticas con personas alojadas en dependencias policiales: ¿podría haber un muerto?
Para la Justicia es primordial avanzar en la investigación de los mensajes. más allá de la situación actual del conflicto. Mientras, se analiza si fueron utilizados como mecanismo de presión para que el Gobierno Provincial acceda a las demandas salariales.
La Fiscalía de Instrucción procura establecer el contexto en que fueron emitidos, quiénes serían sus autores y si efectivamente existió una planificación concreta o si se trató únicamente de manifestaciones aisladas realizadas en el marco del conflicto.
Este medio, que accedió a algunos de esos mensajes que investiga la Justicia, no dará su difusión para no entorpecer la investigación.
La Opinión Austral
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