La Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz plantó una denuncia penal formal a raíz de una manifestación y toma de los accesos de la Casa de Gobierno provincial ocurrida el 23 de junio de 2026, tal como ayer habían sido informados los representantes policiales por el Secretario de Trabajo de la provincia.
La denuncia busca investigar la presunta comisión de delitos penales cometidos durante protestas salariales llevadas a cabo por personal ligado a las fuerzas de seguridad.
La mismaes formulada por Natalia Linardi, en su carácter de Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, con el patrocinio letrado del Dr. Emilio José Monzón. Se acusa a los responsables por los delitos de Atentado contra la autoridad (Art. 237 C.P.), Violación de domicilio (Art. 150 C.P.) y Coacción (Art. 149 bis C.P.).
En los fundamentos describe que el 23 de junio de 2026, aproximadamente a las 11:00 hs, un grupo de personas identificadas mayormente como personal policial (en actividad o retiro) irrumpió ilegítimamente en los jardines de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, tal lo resumimos en nuestro informe de anoche al término de la reunión entre el gobierno y los autoconvocados.
De acuerdo al documento los manifestantes “bloquearon de manera arbitraria el acceso y egreso del portón principal, impidiendo el desplazamiento del vehículo oficial del Ministerio Secretaría General de la Gobernación”, lo cual no es del todo cierto puesto que la propia ministro Elmiger pudo salir de allí sin problemas. El documento señala que “utilizaron la fuerza e intimidación como mecanismo de presión para obtener concesiones salariales, vulnerando el normal funcionamiento de la Administración Pública”.
Entre las pruebas ofrecidas figura nota de la Ministra Secretaría General y un Acta de Constatación; enlaces a publicaciones de Facebook y un pendrive con imágenes del suceso y como medida de prueba solicitaron el secuestro urgente y la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno.
El punto más crítico del petitorio es la solicitud de intervención de las Fuerzas Federales. La denunciante argumenta que, dado que los manifestantes son policías provinciales, existe una “omisión o ineficacia” del organismo policial provincial para actuar, por lo que se requiere a las fuerzas federales para salvaguardar la integridad de los agentes estatales y garantizar la seguridad.
Técnicamente y desde el punto de vista del desarrollo del conflicto, el gobierno va a fondo con lo sancionatorio hacia la Fuerza y esto puede tener dos caminos: o logra su objetivo haciendo que varios efectivos desistan de seguir con las acciones y como ya se lo advirtieron los autoconvocados, cualquier medida en contra del reclamo, derivará seguramente, en un incremento del conflicto ya que lejos de resolver la crisis el gobierno va por el amedrentamiento, la amenaza y las sanciones, en vez de buscar una salida consensuada para eliminar la crisis en la institución policial.
Agencia OPI Santa Cruz
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