A horas de la sesión extraordinaria, desde la bancada unionpatrista aseguraron a La Tecla Patagonia que no están los votos para la mayoría agravada que exige la Constitución para autorizar la toma de créditos por 600 millones de dólares para obras. El proyecto quedó envuelto en cuestionamientos por el riesgo financiero para la provincia.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz afrontará este viernes una de las sesiones más trascendentes del año político provincial, con el tratamiento del proyecto de endeudamiento impulsado por el gobernador Claudio Vidal. Sin embargo, a pocas horas del debate, el escenario para el oficialismo aparece cuesta arriba: desde la oposición de Unión por la Patria aseguraron a La Tecla Patagonia que el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios para autorizar la toma de deuda por hasta 600 millones de dólares.
La iniciativa, presentada bajo la denominación de Ley de Financiamiento Estratégico, busca habilitar al Gobierno provincial a concretar operaciones de crédito público en moneda extranjera para financiar obras de infraestructura y programas de desarrollo. No obstante, al tratarse de endeudamiento externo, la Constitución santacruceña exige una mayoría especial de dos tercios de los diputados presentes para su aprobación, es decir 16 votos sobre los 24 legisladores.
Ese requisito se transformó en el principal obstáculo para el oficialismo. Con una bancada propia que no alcanza por sí sola el número requerido, la administración provincial quedó obligada a construir acuerdos con sectores opositores e independientes. Pero, al menos hasta el cierre de las negociaciones previas a la sesión, esos consensos parecían lejanos.
El proyecto atravesó semanas de intensos debates en las distintas comisiones legislativas. Funcionarios del gabinete económico, encabezados por el ministro Ezequiel Verbes, defendieron la necesidad de acceder a financiamiento internacional para concretar obras consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.
Desde el Ejecutivo insistieron en que los recursos no podrán destinarse al pago de salarios ni a cubrir gastos corrientes del Estado, sino exclusivamente a inversiones de capital. Según la explicación oficial, el endeudamiento permitiría ejecutar infraestructura pendiente y liberar recursos propios que actualmente se utilizan para esas finalidades.
Sin embargo, la denominada «letra chica» del proyecto despertó fuertes reparos. Entre los puntos más cuestionados aparecen la posibilidad de prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la renuncia parcial a inmunidades soberanas y la utilización de regalías hidrocarburíferas, regalías mineras y fondos de coparticipación federal como garantías de pago ante eventuales acreedores.
En ese sentido, varios legisladores sostuvieron que el texto otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo sin incorporar mecanismos concretos de control parlamentario sobre el destino de los fondos.
Las críticas no provinieron únicamente de la oposición tradicional. Legisladores independientes también manifestaron objeciones técnicas y constitucionales respecto de la iniciativa. Algunos plantearon que podrían acompañar un esquema de financiamiento si existiera una definición más precisa sobre las inversiones previstas y mayores garantías institucionales.
En paralelo, intendentes, legisladores nacionales, dirigentes sindicales y referentes políticos, en los que se incluyeron exaliados al oficialismo, expresaron su rechazo al proyecto mediante un documento conjunto en el que cuestionaron el endeudamiento en dólares y reclamaron que se prioricen otras alternativas para afrontar las dificultades financieras que atraviesa la provincia.
El debate también puso sobre la mesa el riesgo cambiario que implicaría asumir compromisos en moneda extranjera en una provincia cuyos principales ingresos se perciben en pesos. Para varios diputados, comprometer recursos estratégicos durante los próximos quince años podría exponer a Santa Cruz a una situación compleja ante eventuales escenarios de devaluación.
Mientras tanto, el oficialismo continuó defendiendo la iniciativa como una herramienta imprescindible para romper con décadas de postergación en materia de infraestructura y avanzar en obras que permitan diversificar la matriz productiva y energética provincial.
Así, de confirmarse el escenario de la negativa durante la votación, Claudio Vidal sufriría uno de los reveses legislativos más importantes desde el inicio de su gestión. Además del impacto político inmediato, el resultado obligaría al Ejecutivo a replantear su estrategia financiera y, eventualmente, reformular el proyecto si pretende reabrir la discusión en busca de consensos más amplios.
La Tecla Patagonia
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