Ley 90/10 bajo la lupa: “En Perito Moreno detectamos 50 personas con el mismo domicilio”

El Gobierno intensifica los controles sobre las empresas extractivas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente, en el marco de la aplicación de la Ley 90/10.

En ese contexto, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, reveló una situación que encendió las alarmas: “En Perito Moreno detectamos 50 personas que declaraban el mismo domicilio”, evidenciando maniobras irregulares para simular residencia en la provincia.

La declaración se dio en dialogo con El Caletense Radio en la que el funcionario detalló los avances en los controles sobre el sector minero, particularmente en zonas como Cerro Moro, donde se busca reforzar la presencia de mano de obra local.

Aravena explicó que recientemente venció el plazo de adecuación a la nueva normativa, que establece que el 90% de los trabajadores de industrias extractivas deben ser residentes de Santa Cruz, reduciendo el margen de personal externo al 10%, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

Para garantizar el cumplimiento, se implementó el sistema SIREL, una plataforma digital de declaración jurada donde las empresas deben registrar tanto su información como la de sus trabajadores, incluyendo domicilio y procedencia. “Hoy están dadas todas las condiciones para que los controles sean efectivos. Antes había voluntad política, pero no había sanciones. Ahora sí”, remarcó el funcionario.

Uno de los puntos más sensibles detectados por el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la falsificación de domicilios para cumplir formalmente con el requisito de residencia. “En Perito Moreno, en una misma dirección, encontramos 50 trabajadores declarados. Es una situación muy evidente”, sostuvo Aravena, marcando la gravedad del caso.

Ante este tipo de irregularidades, el Gobierno provincial anticipó que avanzará con cruces de información entre distintos organismos del Estado, incluyendo registros de viajes, votación y otros datos, para verificar la residencia real de los trabajadores.

El funcionario fue contundente al señalar que esta política responde a una decisión directa del gobernador Claudio Vidal: priorizar el empleo de trabajadores santacruceños en actividades que explotan recursos provinciales. “Es una política de Estado que los recursos de Santa Cruz generen trabajo para los santacruceños”, afirmó.

Además, destacó que ahora existe un régimen de sanciones que permitirá actuar contra las empresas que incumplan, algo que no ocurría con la legislación anterior. En paralelo a los controles, el Ministerio de Trabajo avanza en un plan de formación y capacitación para trabajadores locales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral en sectores como la minería.

Según adelantó Aravena, se pondrá en marcha un sistema de certificación de competencias y formación para aspirantes, con presencia tanto en zona norte como en zona sur de la provincia.

Desde el Gobierno aseguran que esta nueva etapa marca un quiebre respecto a años anteriores, donde las normativas existían pero no se cumplían. “Por primera vez salimos del discurso para aplicar herramientas concretas: controles, sanciones y sistemas de verificación”, subrayó el secretario.

El Caletense