La Cámara Minera de Santa Cruz expresó preocupación por los recientes bloqueos en yacimientos y pidió restablecer ámbitos de diálogo para garantizar la continuidad operativa y la seguridad laboral.
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) manifestó su preocupación ante los recientes bloqueos registrados en accesos a distintos yacimientos de la provincia, al advertir que estos episodios afectan la continuidad operativa y ponen en riesgo la seguridad de trabajadores y contratistas. A través de un comunicado, la entidad llamó a restablecer espacios de diálogo que permitan encauzar los conflictos y resguardar la actividad.
Según precisó la cámara, en las últimas semanas se registraron acciones que impidieron el ingreso de personal e insumos en varios proyectos mineros. Aunque las situaciones fueron finalmente superadas tras la intervención de fuerzas de seguridad, la simultaneidad de los hechos encendió señales de alerta en el sector. La entidad destacó que las empresas afectadas están colaborando con las investigaciones oficiales y agradeció la solidaridad de trabajadores, proveedores y contratistas.
Camicruz recordó que la minería es actualmente uno de los principales motores económicos de Santa Cruz: genera empleo directo para más de 9.000 familias, representa el 15% del empleo privado registrado, aporta el 37% del producto bruto provincial y concentra el 40% de las exportaciones mineras del país. Entre enero y septiembre de 2025, las ventas externas del sector alcanzaron los 1.569 millones de dólares. Asimismo, valoró las iniciativas sociales y de formación impulsadas junto al Gobierno provincial, entre ellas el programa de capacitación básica que ya alcanzó a más de 200 personas con una inversión superior a los 600 millones de pesos.
Un conflicto que escaló: proveedores de seguridad, sindicatos y disputas internas
Entre los episodios recientes, uno de los bloqueos se originó en el marco de un conflicto iniciado a principios de noviembre entre la firma sanjuanina Huarpe Seguridad y la empresa santacruceña MV, histórica prestadora del servicio de vigilancia en yacimientos locales. El desencadenante fue la adjudicación del servicio de seguridad de Minera Santa Cruz (MSC) a Huarpe para el yacimiento San José/Huevos Verdes, lo que generó el rechazo del sindicato USPAP, que bloqueó el acceso a la mina reclamando la continuidad de MV.
De acuerdo con fuentes del sector, la disputa se profundizó porque MV —dirigida por Julio Gutiérrez, referente gremial— había mantenido durante años un virtual monopolio del servicio y no aceptó entregar la prestación ni indemnizar a su personal, dificultando la transición hacia la nueva adjudicataria. En este contexto, Huarpe difundió un comunicado aclarando que pretende incorporar al personal de MV que desee mantener su puesto, que garantizará las condiciones salariales vigentes y que solicita que MV cumpla con las indemnizaciones correspondientes para avanzar sin “continuidad jurídica”.
El conflicto volvió a tensionar la discusión de fondo sobre la promoción de proveedores locales, las dinámicas históricas de subcontratación y los espacios de poder sindical dentro de la actividad.
Cerro Negro: despidos, denuncias y conciliación obligatoria
A este escenario se sumó otro conflicto en octubre en el yacimiento Cerro Negro, operado por Oroplata S.A. (Newmont). El sindicato ASIJEMIN denunció la desvinculación de 25 trabajadores y calificó la medida como una reestructuración unilateral sin instancias previas de diálogo. El gremio sostuvo que la empresa procedió con presiones, modificó el régimen de roster de forma unilateral, escoltó a empleados al momento de retirarlos de la mina y promovió acuerdos individuales al amparo de los artículos 241 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tras la intervención del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, se dictó la conciliación obligatoria y se ordenó retrotraer la situación a su estado inicial. La polémica se profundizó cuando ASIJEMIN mencionó únicamente a cinco de los despedidos, todos con domicilio en la provincia, mientras que, según fuentes citadas por OPI Santa Cruz, los otros 20 serían trabajadores foráneos. Esto reactivó el debate sobre el cumplimiento de los esquemas de contratación local —70/30 o 90/10— en los yacimientos de la provincia.
Un llamado institucional
En este contexto de tensiones múltiples, Camicruz buscó transmitir un mensaje institucional orientado a la estabilidad: la minería solo puede sostener su aporte económico y social si se preservan la seguridad, la continuidad de las operaciones y la cooperación entre empresas, sindicatos, trabajadores y comunidades.
“La minería responsable es parte de la solución, no del problema. Convocamos al diálogo abierto con autoridades, comunidades y empresas para construir juntos un modelo que garantice empleo genuino y desarrollo sostenible”, concluyó la entidad.
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