La relación entre las Pymes santacruceñas y las grandes empresas mineras volvió a ponerse en agenda. En entrevista con medios provinciales, el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, reconoció que el camino no es sencillo pero aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos concretos para mejorar la participación local.
En paralelo, la provincia controla la aplicación de la Ley 70/30, que obliga a las mineras a emplear un 70% de trabajadores locales. Se detectaron maniobras como domicilios falsos o empresas con sede formal en Santa Cruz que en realidad traen empleados de otras provincias con salarios más bajos.
Según Tiberi, las pequeñas y medianas empresas locales encuentran trabas importantes a la hora de convertirse en proveedoras del sector:
- Protocolos de compra complejos y extensos: pliegos con documentos de hasta 60 páginas.
- Burocracia excesiva y poca retroalimentación tras las licitaciones.
- Exigencias poco realistas: como licitaciones que limitan la participación a un radio de 150 km alrededor de Perito Moreno, donde casi no hay empresas disponibles.
«Exceso de compliance» en áreas de compras radicadas en Buenos Aires o incluso en México.
Las Pymes reclaman poder competir en servicios básicos y cotidianos -como soldaduras, insumos o mantenimiento menor- y no en trabajos altamente especializados que requieren tecnología y conocimiento importado.
El acuerdo con proveedores locales
En una reunión reciente, el Ministerio propuso una metodología por etapas para ordenar los reclamos.
«Pedimos que los proveedores agrupados en CAPPEMA se junten, armen un listado de 15 puntos de problemas, y que de ahí prioricen tres. Esos se discuten con la empresa minera, se resuelven, y después seguimos con los siguientes. Así se avanza paso a paso», explicó Tiberi.
Responsabilidad social y fideicomiso
El funcionario también subrayó que la responsabilidad social empresaria (RS) en la minería santacruceña «no puede limitarse a comprar camisetas para un club».
Se aplica desde el inicio de cada proyecto y está regulada en la Ley de Cierre de Minas de Santa Cruz, única en el país. Incluye desde el trabajo con Pymes locales hasta inversiones de largo plazo mediante un fideicomiso que financia infraestructura: redes de gas, agua y mejoras aeroportuarias.
El impacto de la falta de infraestructura
La crítica apunta al Gobierno nacional: Santa Cruz aporta más de 6.700 millones de dólares anuales en exportaciones de oro y plata, sobre los que Nación recauda un 4,5%. Sin embargo, esos fondos no vuelven a las provincias en forma de rutas, puertos o interconectado eléctrico.
Ley 70/30: empleo bajo la lupa
En paralelo, la provincia controla la aplicación de la Ley 70/30, que obliga a las mineras a emplear un 70% de trabajadores locales. Se detectaron maniobras como domicilios falsos o empresas con sede formal en Santa Cruz que en realidad traen empleados de otras provincias con salarios más bajos.