El Gobierno Provincial asegura que es más inversión, más progreso, puestos de trabajo, contratación local, inversiones estratégicas, competitividad en la región y crecimiento en el marco de las normativas provinciales; mientras tanto, la Agencia OPI Santa Cruz (con amplia experiencia periodística) desglosa paso a paso que pasaría con el RIGI en Santa Cruz y de su inviabilidad, a quién le creemos hoy?
Según OPI Santa Cruz, una de las resistencias principales que tiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, son los beneficios comparativos que obtendrán las empresas extranjeras, en relación con las nacionales a saber, y que son de gran utilidad tenerlas en cuenta:
Ganancias: las Pymes pagan 35%, por el RIGI pagarán 25%
IVA: las Pymes pagan el 21%, por el RIGI las transnacionales 0%
Ingresos Brutos: hoy se paga un 6% promedio, las afectadas al RIGI 0%
Tasa de Estadística: hoy se apga 3%, el RIGI no pagará (0%)
Impuesto País: 7% (con la aplicación de la baja), el RIGI no lo contempla (0% para las empresas internacionales)
Derechos de Importación: la industria nacional para 13%, las adheridas al RIGI 0%
Derechos de exportación: la industria nacional paga 16% máximo, con el RIGI las empresas no pagarán inicialmente y solo el 2% a partir del tercer año.
Percepción IVA y Ganancias: aplica para la industria nacional y no aplica para el RIGI.
Débito y Crédito: aplica para la industria argentina y no para el RIGI
Amortización acelerada: aplica para la industria nacional y no para el RIGI
Ganancias de Dividendos: 13% para la industria nacional, solo 7% para el RIGI y 0% a partir del tercer año.
El pueblo ausente, la política proactiva
En virtud de ello la IPA (Industriales Pymes Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina) elaboraron una serie de requerimientos al gobierno nacional para evitar la desventajosa situación en las cuales queda la industria nacional en relación a los capitales extranjeros.
A pesar de las sucesivas crisis en el país hay una 530 mil Pymes que generan alrededor de 3 millones de puestos de trabajo. Con el RIGI se abre un escenario aún peor con la amenaza total del derrumbe del mercado interno, el sistema de generación de riquezas nacional está excluído de la promoción industrial, enfrenta una competencia desleal frente los 30 años de estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria que otorga el RIGI a los nuevos grandes proyectos productivos.
La Consultora Qualy de la economista Anastasia Dahicich señaló: “El gobierno se orienta a un ‘keynesianismo’ con fondos privados. El proyecto de RIGI para pymes de IPA, se contrapone con ese espíritu, requiere la inversión estatal” y remarcó “El RIGI implica una bomba de tiempo para las MiPyMEs que están siendo fuertemente afectadas por la coyuntura nacional”.
“El capítulo de la Ley Bases busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación”, de esta manera define un informe de la Fundación FUNDAR, quien suscribe cinco puntos por los cuales el RIGI es la destrucción de los recursos naturales de aquí a 30 años en la Argentina.
Ellos son:
1) Anuncios para hoy, hambre para mañana
El proyecto adopta una perspectiva cortoplacista para promover la atracción de grandes inversiones, especialmente por los montos involucrados en sectores extractivos como minería, petróleo y gas. Ofrece una ventana de oportunidad de dos años, extensible a criterio del Poder Ejecutivo nacional por otros dos, para que grandes proyectos de inversión (mayores a 200 millones de dólares) adhieran al régimen. Otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen. Y ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo. Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo (al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África).
2) Ni las empresas piden tanto
¿Es que acaso las empresas multinacionales pasaron su wishlist al Gobierno nacional y este la transcribió al proyecto de ley del RIGI? Si vemos los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que se les da a estas grandes inversiones, estamos tentados a decir que sí. De mayor a menor importancia, estos son: reducción de la alícuota de ganancias del 35% al 25% y amortización acelerada, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca, requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de solo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero (sí, cero) en el tercer año de la inversión.
Es el régimen más generoso de la historia del país. Con una novedad absoluta: sin ninguna condición a cambio. Ni hoy ni nunca. Porque los treinta años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El pacto Roca-Runciman se sonrojaría. En rigor, en aquel pacto de 1933, también firmado en mayo, el Reino Unido “permitía” un 15% de la participación total del comercio de carnes fuera hecho por frigoríficos argentinos. En RIGI ni siquiera.
3) La destrucción de la industria nacional y del empleo asociado
Bajo el RIGI, una minera multinacional podría importar no solo todo el equipamiento necesario para la explotación —las complejas maquinarias, retroexcavadoras, tractores, camionetas—, sino también los baños químicos y la ropa de los trabajadores. Es más, de acuerdo a cómo se termine reglamentando, los trabajadores podrían ser en su totalidad extranjeros (algo que no es del todo infrecuente en el negocio minero, pero ahora quedaría consagrado en el espíritu de la norma), sin necesidad de contratar a ninguna persona local. Esta ley da carta blanca e inclina irreversiblemente la cancha: para las empresas todo, para las comunidades nada (ni el servicio de catering).
A nivel nacional, eso imposibilita tout court las oportunidades de política productiva apalancada en sectores con alta demanda de insumos y servicios, que son los que suelen utilizarse en todo el mundo para promover encadenamientos locales. La meca del libre mercado, Estados Unidos, con la aprobación en el Congreso de republicanos y demócratas, estableció condicionalidades de política industrial mediante la Inflation Reduction Act y la CHIP Act, por la sencilla razón de que es la decisión más inteligente que se puede tomar como Estado en un contexto de crecientes tensiones globales.
4) La insustentabilidad social y política lo vuelve esencialmente inestable
El hecho de tener un régimen de incentivos tan ridículamente generoso durante tanto tiempo (de vuelta: 30 años), montado pura y exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales -que emplean relativamente poca gente y derraman nada- lo vuelve muy inestable en el tiempo. Es un régimen que nace herido de legitimidad social y política. Por lo tanto, más que incentivar a las inversiones por venir, el RIGI promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten a semejante hipoteca de futuro para el país. Habrá más temprano que tarde conflicto: es ineludible por el diseño mismo del régimen tal cual está.
En otras palabras, el RIGI es insostenible: atenta contra la estabilidad de los negocios que promueve. No es creíble que perdure en el tiempo, ni por 30 años, ni por 15, ni siquiera tal vez por el período actual de gobierno. Lo que nos lleva al último punto.
5) La consagración de la inseguridad jurídica
Somos el país con más cantidad de proyectos mineros parados por conflictos ambientales de toda la región, donde el activismo de las comunidades es la norma, y donde la política se hace “en las calles” desde hace 200 años. Nos guste o no, eso somos. Por eso, es ridículo pensar que este Régimen va a atravesar indemne 30 años de política argentina. 30 años de inestabilidad, de conflictos y del “aliento en la nuca” de la sociedad civil.
La política, que es reactiva y acompaña a la sociedad desde atrás, no se mantendrá en el margen cuando cambien los vientos. La Justicia tampoco. No es especulación, es mera información de lo que pasó en nuestro país y en la región. Miremos si no el proyecto minero de Panamá, uno de los grandes de cobre de todo el continente de las últimas décadas, que luego de años de conflictos con la comunidad primero y con la opinión pública después terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte Suprema del país. Este tipo de proyectos, que se aprueben bajo RIGI, terminarán en la Corte Suprema de Justicia, por los conflictos que imponen entre las limitaciones a las provincias “originarias de los recursos” y la Nación, o terminarán en el CIADI, tribunal internacional en el que la Argentina ha enfrentado decenas de litigios en las últimas décadas.
Así y todo, este no es el panorama que fomenta el Gobierno Provincial, indicando que la iniciativa permitirá revitalizar proyectos que se encuentran “en etapa de madurez”. Asimismo, en relación al impacto ambiental, señaló que esta ley nacional no contiene cláusulas al respecto, por lo que cualquier emprendimiento deberá ajustarse a la reglamentación vigente en Santa Cruz; la pregunta es: quién tiene la razón?
Información extraída de Agencia OPI Santa Cruz