El investigador del CONICET y docente de la UNPA, Dr. Alejandro Schweitzer, encendió alarmas en el programa Docugonía al advertir sobre el «profundo riesgo» que implicaría modificar la Ley Nacional de Glaciares, como propone Milei.
No se trata de un debate técnico aislado: en Santa Cruz, toda el agua que consumen las ciudades y pueblos nace en glaciares y ambientes periglaciares. Alterar esas zonas implica comprometer directamente el abastecimiento hídrico de la provincia.
«Toda el agua que tomamos en Santa Cruz nace en glaciares o zonas periglaciares», recordó Schweitzer, y explicó que estos suelos congelados gran parte del año -que liberan agua cuando se descongelan en primavera y verano- sostienen tanto los ríos superficiales como los acuíferos subterráneos que alimentan a las localidades costeras.
Una modificación legal que abre la frontera extractiva
El proyecto del Ejectuvo nacional plantea flexibilizar la Ley de Glaciares y permitir actividades mineras o de infraestructura en áreas hoy protegidas.
Para Schweitzer, esto es directamente «permitir el avance sobre la fábrica de agua». El impacto sería triple:
Más contaminación y más accidentes: «La minería por sí es contaminante», sostuvo el académico, recordando que en los últimos 20 días hubo dos derrames de la Barrick Gold en San Juan. En zonas glaciales, esos accidentes son aún más peligrosos por su capacidad de expandirse aguas abajo sin barreras naturales suficientes.
Derretimiento acelerado: La actividad minera produce polvo en suspensión que, al depositarse sobre el hielo, aumenta el calentamiento y acelera el proceso de derretimiento.
Inestabilidad territorial: El movimiento de suelo en zonas glaciales o periglaciares provoca inestabilidades geológicas que pueden dañar cursos de agua, caminos y ecosistemas.
El punto más crítico: que cada provincia decida qué es un glaciar
La reforma nacional propone que cada provincia determine qué es un glaciar y qué es un ambiente periglaciar. Para Schweitzer, eso es abrir la puerta a la discrecionalidad política por encima de la evidencia científica.
«Si la decisión política pesa más que la recomendación científica, estamos en el horno», sentenció.
La jugada sería obvia: declarar «difusa» la zona periglaciar para habilitar el avance minero.
¿Y en Santa Cruz estamos protegidos?
Esa fue la pregunta que le hicimos en el programa Docugonia a Schweitzer, y él nos explicó que la provincia hoy está blindada por tres leyes:
1. Ley Nacional de Glaciares (2010): prohíbe minería e infraestructura en glaciares y periglaciares. El inventario científico ya está hecho: IANIGLA (instituto que estudia los glaciares) y el CONICET finalizó el registro en 2018.
2. Ley Provincial 3123 (2010): replica la protección a nivel local.
3. Ley Provincial de Zona de Interés Minero (2009): prohíbe la minería al oeste de la Ruta 40 y al sur del río Santa Cruz, además de zonas próximas a pueblos y áreas protegidas. Había sido aprobada durante la gestión del gobernador Daniel Peralta.
Pero, pese a este marco robusto, el investigador detectó señales inquietantes: el catastro minero 2023 ya muestra permisos de cateo en algunas áreas restringidas. Eso revela una presión sostenida del sector empresarial minero para habilitar zonas hoy vedadas.
«Hay empresas que hace rato quieren la derogación de la ley de 2009», advirtió.
¿Qué hará el gobernador Vidal?
La preocupación se concentra en un punto político. El especialista cree que el gobernador Claudio Vidal podría alinearse con la agenda nacional de Milei, recordando que los diputados y senadores de su sector apoyaron el RIGI, por ejemplo.
Si se avanza con la nueva Ley, el efecto sería inmediato. El académico imagina escenarios futuros: «El Chaltén podría ver pasar camiones mineros por el centro del pueblo» o que el río Las Vueltas, que abastece a la zona, quedaría expuesto a riesgos de contaminación.
Es decir que la frontera minera, hoy frenada por leyes provinciales, se desplazaría hacia áreas de alto valor turístico y ecológico.
La reacción del sistema científico
Frente a este escenario, las instituciones académicas empezaron a moverse.
La UNPA emitió la semana pasada en Caleta Olivia dos resoluciones, una de ellas declarando «apoyo irrestricto al respeto por la Ley de Glaciares».
Schweitzer remarcó que la ofensiva contra la normativa es, en el fondo, un ataque directo al trabajo científico del CONICET y al inventario del IANIGLA, que llevó años de investigación y validación.
El especialista comentó que si se reemplaza la ciencia por la discrecionalidad política, el retroceso será enorme. El sistema científico ya marcó su posición.
La Vanguardia Noticias