La iniciativa de la oposición propone crear el Fondo de Fortalecimiento Municipal y Equidad Territorial, financiado con un porcentaje del endeudamiento provincial. Busca “limitar la discrecionalidad”, asegurar transferencias automáticas y fortalecer la autonomía financiera de las localidades.
La oposición de Santa Cruz busca la creación de un nuevo esquema de financiamiento para municipios y comisiones de fomento. Se trata del Fondo de Fortalecimiento Municipal y Equidad Territorial, una herramienta que apunta a garantizar una distribución más equitativa, transparente y automática de los recursos provenientes del crédito público.
El proyecto, que lleva la firma de las diputadas Karina Nieto y Elba Ponce (ambas de Unión por la Patria), establece en su Artículo 1 que “Créase el Fondo de Fortalecimiento Municipal y Equidad territorial de la provincia de Santa Cruz”, dando origen a un mecanismo que modificaría la forma en que se asignan los fondos derivados del endeudamiento.
En esa línea, el Artículo 2 fija la base de financiamiento al indicar que “el Fondo se integrará con un quince por ciento (15%) como mínimo de los recursos netos obtenidos por la Provincia en toda operación de crédito público”, incluyendo empréstitos, asistencia financiera, refinanciación de deudas y adelantos del Tesoro Nacional, entre otros instrumentos.
Además, el proyecto establece un criterio obligatorio para su implementación. Según el Artículo 3, “toda Ley, decreto o norma que autorice operaciones de crédito público en la provincia de Santa Cruz deberá prever expresamente la integración del Fondo”, y advierte que su incumplimiento impedirá la ejecución de dichas operaciones.
No serán deuda
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el carácter de los recursos. En el Artículo 4 se remarca que “los recursos asignados al Fondo tendrán carácter de aportes no reintegrables, no constituyendo deuda para los Municipios ni Comisiones de Fomento”, por lo que no estarán sujetos a devolución ni generarán obligaciones financieras.
A su vez, se prohíbe cualquier tipo de compensación. El Artículo 5 señala que “queda prohibido afectar, retener o compensar los recursos transferidos” con deudas presentes o futuras de los gobiernos locales.
En cuanto a la distribución, el Artículo 6 dispone un esquema automático: “los recursos del Fondo se distribuirán en forma automática y no discrecional”, con un 70% según los índices de coparticipación y un 30% en base a criterios de equidad territorial, infraestructura y desarrollo.
El destino de los fondos también queda claramente delimitado. Según el Artículo 7, “los fondos deberán destinarse exclusivamente a obras públicas, infraestructura social, equipamiento urbano y desarrollo productivo”, quedando restringido su uso para gastos corrientes salvo excepciones debidamente justificadas.
Otro aspecto clave es la transparencia. El proyecto crea un registro público donde, tal como indica el Artículo 9, “deberá publicarse operaciones de crédito público realizadas, montos asignados al Fondo, distribución por municipio y estado de ejecución”, con acceso abierto y actualización trimestral.
Distribución equitativa
En los fundamentos, las autoras sostienen que el objetivo es corregir distorsiones del sistema actual. “El presente proyecto tiene por objeto garantizar una distribución equitativa, transparente y no discrecional de los recursos derivados del crédito público provincial”, afirman.
Asimismo, advierten sobre los límites del esquema vigente: “ha generado altos niveles de discrecionalidad y una limitada participación municipal en los beneficios del financiamiento”, además de permitir retenciones automáticas que afectan la autonomía financiera local.
En ese contexto, remarcan la necesidad de un cambio de paradigma: “la presente iniciativa propone avanzar hacia un modelo superador, mediante la creación de un Fondo de Fortalecimiento Municipal integrado por un porcentaje del endeudamiento provincial”.
Finalmente, el proyecto se enmarca en principios constitucionales y busca fortalecer el desarrollo territorial. Según se indica, la propuesta promueve “un desarrollo territorial más equilibrado y sostenible”.
La iniciativa de las diputadas Karina Nieto y Elba Ponce tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del último jueves y ya quedó en condiciones de ser tratada en comisiones.
La Opinión Austral
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