Los cambios fueron establecidos mediante el Decreto 449/2025 en el marco de la Ley de Bases. Apuntan a reducir la carga administrativa, agilizar certificados y optimizar la gestión pública en el sector minero.
En el marco de las facultades otorgadas por la Ley de Bases, el gobierno nacional oficializó cambios en la legislación que regula el sector minero. A través del Decreto 449/2025, publicado este lunes, se modificaron las leyes 24.196 (Ley de Inversiones Mineras) y 24.466, con el objetivo de reducir la burocracia, acelerar trámites y mejorar la eficiencia del Estado.
Uno de los principales cambios es la simplificación del trámite de verificación de inversiones, que antes exigía completar formularios con más de 1.000 campos, el 80% de los cuales carecía de respaldo legal. A partir de ahora, bastará con un informe técnico elaborado por un profesional independiente, lo que facilitará el control por parte de la Secretaría de Minería y reducirá la carga para las empresas.
También se agilizará la emisión del certificado de estabilidad fiscal, una herramienta clave para los proyectos mineros, que hasta ahora demoraba cerca de un año. El nuevo esquema elimina la necesidad de que provincias y municipios remitan su información tributaria: bastará con consignar la fecha de inicio de la estabilidad fiscal para su validez.
En cuanto al Banco Nacional de Información Geológica, se transfirió su administración al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), eliminando la superposición de funciones con la Secretaría de Minería. De ahora en más, las empresas inscriptas en el régimen de inversiones deberán aportar datos geológicos que serán incorporados al sistema del SEGEMAR para su consulta pública.
La Ley de Inversiones Mineras busca fomentar el desarrollo del sector a través de beneficios fiscales, estabilidad tributaria por 30 años, y facilidades para importar equipos e insumos. Para acceder a estos incentivos, las empresas deben registrarse ante la Secretaría de Minería.
Con estas reformas, el Ejecutivo busca modernizar el marco regulatorio minero, reducir la intervención estatal innecesaria y mejorar las condiciones para atraer inversiones en una actividad estratégica para la economía nacional.
La Opinión Austral