El congreso extraordinario docente resolvió un paro de 72 horas para esta semana en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, y expresó su rechazo a la presencia policial en establecimientos educativos por considerarla intimidatoria.
El congreso extraordinario docente resolvió profundizar el plan de lucha en la provincia de Santa Cruz, con la convocatoria a un paro de 72 horas previsto para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril, en reclamo de la apertura de la negociación paritaria y una mejora en las condiciones laborales.
La medida fue definida este domingo 19 de abril, en una sesión que contó con la participación de delegados de las 14 filiales y se desarrolló bajo la presidencia honorífica del exsecretario general de la filial de Caleta Olivia, Fernando «Toto» Quinteros.
Entre los principales reclamos, el sector exige una propuesta salarial concreta que incluya recomposición de haberes, cláusula gatillo permanente y su aplicación retroactiva a enero. Además, ratificaron la continuidad del plan de lucha que vienen sosteniendo en conjunto con el frente sindical.
En ese contexto, uno de los ejes que generó mayor controversia fue el rechazo a la presencia policial en los establecimientos educativos. Desde el sector docente señalaron que esta medida resulta intimidatoria para los estudiantes y la comunidad educativa.
Cabe señalar que la presencia de efectivos en las escuelas se enmarca en un protocolo de seguridad implementado la semana pasada por las autoridades, luego de la viralización de amenazas en instituciones educativas de la provincia. Si bien el objetivo oficial es prevenir situaciones de riesgo, el gremio docente cuestionó su aplicación, al considerar que genera un clima de tensión.
Asimismo, los docentes denunciaron una serie de irregularidades y decisiones del Consejo Provincial de Educación (CPE), entre ellas la negativa a tratar el proyecto pedagógico presentado por el gremio y la suspensión de reuniones de subcomisión laboral, medida que calificaron como «extorsiva» y orientada a disciplinar a los trabajadores.
También se manifestaron en contra de lo que definieron como una «criminalización de la protesta social» y exigieron el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, además de cuestionar la aprobación del acuerdo 717/26 sin participación docente.
El pliego de reclamos incluye además la exigencia de celeridad en los expedientes jubilatorios, la regularización de la comisión de ofrecimientos en la localidad de Los Antiguos y respuestas ante la paralización de obras en instituciones educativas, como el gimnasio del CPES 15 y aulas del EIPE, donde también se denunciaron deudas salariales con trabajadores.
A esto se suman problemas de infraestructura, como la falta de inversión en calderas en edificios escolares compartidos en 28 de Noviembre, y la escasez de insumos básicos para el funcionamiento diario, entre ellos libros de temas, registros y materiales administrativos.
Finalmente, el congreso docente repudió declaraciones de la directora regional de Zona Norte, Magdalena Paredes, en relación a la judicialización de situaciones escolares, lo que también profundizó el malestar en el sector.
Con este escenario, la provincia se encamina a una nueva semana de conflicto en el ámbito educativo, marcada por el paro docente, los reclamos salariales y la polémica por la presencia policial en las escuelas, en un contexto atravesado por medidas de seguridad.
La Vanguardia Noticias
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