De los 325 proyectos mineros que hay en carpeta, tres —los más cercanos a estar en operaciones— se verían beneficiados de forma inmediata con la modificación de la ley que protege los glaciares argentinos. Si se consideran también los que están en la etapa de exploración —ponderando su viabilidad— , el número asciende a siete, aunque varias fuentes consultadas señalaron que podrían sumarse más a corto plazo. Este proyecto obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada en el Senado y será votado en recinto en las sesiones extraordinarias de febrero de 2026.
Según relevó LA NACION a partir de datos oficiales, la mayoría de estas minas está enfocada en la extracción de cobre. Se trata de explotaciones que operarían en áreas hoy protegidas por la Ley Nacional de Glaciares (26.639), ya que se instalarían muy cerca o directamente sobre cuerpos de hielo que forman parte de la principal reserva de agua del país.
El sistema de glaciares abastece de agua de manera directa a más de siete millones de personas, que representan al 18% de la población argentina, una cifra que equivale a más del doble de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque los conflictos por escasez de agua no suelen ser un problema cotidiano para la sociedad porteña. En cambio, sí lo son para las provincias más áridas. Y casi todos los proyectos mineros que coinciden o se encuentran próximos a algún tipo de glaciar están ubicados en San Juan, aunque también hay un desarrollo en Salta y otros más en Mendoza. Esas son de las provincias más áridas del país.
En contextos de sequía, las capitales de estas provincias dependen especialmente de los glaciares y de los manchones de nieve, que en los últimos años se redujeron tanto por el aumento de las temperaturas globales como por una sequía prolongada. Así lo planteó la semana pasada, durante una sesión informativa en el Senado, Pedro Eugenio Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Sin embargo, la contribución individual —o la falta de ella— de cada glaciar a los caudales de agua no está definida con precisión por el propio instituto. Este punto es utilizado por las provincias interesadas en el desarrollo minero, junto con el sector productivo, para cuestionar el carácter restrictivo de la ley. También sostienen que el actual contexto representa una oportunidad estratégica para insertarse en el mercado de los minerales críticos.
La reforma propuesta por el Ejecutivo nacional fue elaborada a pedido de los gobiernos de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Estas provincias integran las mesas del cobre y del litio, órganos interprovinciales dedicados a promover la explotación de esos minerales. Si bien la iniciativa introduce varias modificaciones a la normativa vigente, dos artículos concentran los cambios más relevantes: son los que definen cuáles glaciares deben protegerse y quién debe definirlo. En la propuesta oficialista, la protección se determinaría según el valor hídrico de cada glaciar, un criterio que quedaría, en última instancia, en manos de las provincias.
A fines de la semana pasada, el proyecto obtuvo dictamen de mayoría en una sesión expeditiva en la Cámara alta. La etapa informativa duró apenas dos días y el dictamen se aprobó en cuestión de minutos, con 19 votos a favor. El debate continuará en las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero y el Ejecutivo considera clave obtener la media sanción.
Desde el sector científico y ambiental, en cambio, existe una fuerte preocupación por el avance de la reforma. Denuncian que se trata de una regresión normativa que vulnera la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza la transparencia y la participación en política ambiental. En el fondo, la tensión que aflora con este proyecto remite a una disputa histórica: el control del agua y la definición de su valor estratégico.
El contraste es evidente. Basta observar el glaciar Perito Moreno para advertir su relevancia hídrica. Distinto es el caso de los glaciares del ambiente periglacial: cuerpos más pequeños o mezclados con sedimentos, conocidos como “glaciares de escombro”. En el país se identificaron casi 17.000 glaciares descubiertos y de escombro, la mayoría de ellos pertenecientes a ese ambiente.
Las provincias que impulsan la reforma, junto con el gobierno nacional, ponen en duda que los proyectos mineros tengan un impacto sustancial sobre estos ecosistemas. En términos generales, sostienen que la evaluación de su relevancia debería quedar bajo jurisdicción provincial, una atribución que hoy recae en el cuerpo científico del Ianigla-Conicet. La semana pasada, los gobernadores de San Juan y Catamarca aseguraron que cuentan con la capacidad técnica y económica para asumir esa tarea. Los críticos de la reforma, sin embargo, desconfían de esa afirmación y advierten que la presión política y económica podría imponerse sobre el criterio científico. Casos como el desempeño del gobierno de San Juan a la hora de atender una potencial contaminación del Dique del Viento, hace poco más de un mes, dejaron al descubierto que hay flaquezas en su capacidad de fiscalización. Por esto y por otras experiencias, durante los últimos días varias organizaciones denunciaron que la iniciativa constituye un “atentado al acceso al agua” y al espíritu de las leyes de presupuestos mínimos.
No se trata del primer intento por modificar esta norma. La administración libertaria ya había incluido cambios en el primer borrador de la Ley Bases. Antes, tanto empresas como Barrick Gold como los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner impulsaron acciones ante el Congreso o la Justicia para modificarla, o directamente eliminarla.
Cuando se promulgó en 2010, la Ley 26.639 fue considerada una norma “pionera”, ya que no existía legislación similar en el mundo. Quince años después, la tensión entre la expansión minera y la regulación ambiental llegó a un punto crítico. El escenario social, político y económico ahora es distinto. Proyectos que antes no prosperaban hoy parecen tener mayores posibilidades de avanzar.
Hasta el momento, no son muchos los proyectos alcanzados por las restricciones de la Ley Nacional de Glaciares. De los 325 que figuran en el inventario de la Secretaría de Minería, solo diez se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría periglaciales. Aunque son pocos, según fuentes del sector productivo, algunos de ellos figuran entre los más rentables del país y, en ciertos casos, del mundo.
En diálogo con LA NACION, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), destacó cinco proyectos —incluidos algunos de litio— cuya magnitud de inversión los vuelve elegibles para el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “Entre Los Azules [cobre, San Juan], Rincón [litio, Catamarca] y Galán [litio, Salta] hay US$6000 millones en inversiones aprobadas; Glencore presentó en agosto US$13.500 millones para El Pachón [cobre, San Juan] y Agua Rica [cobre, Catamarca]; y el proyecto Vicuña supera los US$17.000 millones”, detalló. En particular, Josemaría —parte de Vicuña—, Los Azules y El Pachón atraviesan o están cercanos, de una u otra forma, glaciares de escombro y se encuentran entre las iniciativas más avanzadas. Para Cacciola, la ley de glaciares es problemática desde su origen. “Todos estamos de acuerdo en que los glaciares deben cumplir una función hídrica: abastecer de agua”, sostuvo.
Desde el ambientalismo, la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina cuestionó la idea de analizar el aporte hídrico de cada glaciar de manera aislada. “Es el conjunto el que genera beneficios cuenca abajo. En el ambiente glacial el aporte es más directo, pero el ambiente periglacial también es clave: el agua llega a las cuencas por descongelamiento e infiltración”, explicó. Según datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, 36 de las 96 cuencas hídricas del país se nutren en buena medida de estas geoformas. En ellas se asientan unas 1800 localidades, con más de siete millones de habitantes. “No es un debate de ‘minería sí o minería no’, sino de si protegemos de manera homogénea a los glaciares”, afirmó. Reconoció que la ley resulta incómoda para el sector, pero insistió en su valor estratégico.
Leonardo Pflüger, exdirector nacional de Producción Minera Sustentable, coincidió en que la ley representa una limitación, pero sostuvo que no explica por sí sola el estancamiento del sector en el pasado. “Hay otros problemas: infraestructura, mano de obra calificada. Una empresa minera no va a construir 400 kilómetros de ruta para llegar a una mina por ejemplo”, señaló. A estos factores se suma, según Elizabeth Möhle, investigadora de Fundar, la inestabilidad macroeconómica. Para ella, la tensión entre minería y conservación está administrada por la Ley Nacional de Glaciares y podría resolverse con soluciones técnicas más que con reformas políticas. “El Ianigla podría realizar evaluaciones in situ y exigir que las evaluaciones de impacto ambiental y las resoluciones provinciales se basen en esos informes”, planteó.
Desde los gobiernos nacional y provinciales, en cambio, se puso un fuerte énfasis en el desarrollo del sector, lo que despertó interés entre capitales mineros internacionales. Ambos consideran prioritario acelerar los acuerdos. “A nosotros nos parece bien el proyecto, viene a agilizar los trámites”, afirmó la semana pasada el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ante las comisiones del Senado. La mayoría de los 325 proyectos en cartera se encuentra en etapas exploratorias o preliminares, especialmente en cobre y litio, dos minerales con alta demanda global.
Hoy, los minerales críticos son disputados por países y bloques no solo por su rol en la transición energética y digital, sino también por razones de seguridad energética, industria militar y competitividad económica. Estos minerales, antes eran llamados “para la transición” en un marco de cooperación global, pero a partir de la escalada de tensión entre potencias, pasaron a definirse como “críticos” según los intereses de cada una de ellas. En total, la Argentina cuenta con 11 minerales, de los cuales siete son estratégicos para los Estados Unidos, la Unión Europea y China: litio, cobre, manganeso, cobalto, grafito, níquel y tierras raras.
En noviembre pasado, el gobierno nacional firmó un acuerdo con Estados Unidos que sugiere un interés creciente en los minerales críticos argentinos. Para diversas organizaciones ambientales, esto implica una presión adicional sobre el territorio. Desde el ámbito científico y ambiental se cuestiona si este escenario justifica “sacrificar” recursos hídricos.
La minería, en términos generales, consume grandes volúmenes de agua que luego no pueden destinarse a otros usos debido al empleo de químicos, o a la carga de metales pesados en los efluentes. Según los propios reportes del proyecto Josemaría, en su pico de producción podría consumir más agua que toda la ciudad de San Juan.
Frente a estas críticas, Cacciola sostuvo que la industria avanzó en eficiencia hídrica. “En las minas de oro y plata se recicla entre el 75% y el 80% del agua. El 20% o 25% restante vuelve a la tierra y se pierde”, explicó, y añadió que la agricultura utiliza volúmenes aún mayores.
Sin embargo, los antecedentes de contaminación minera alimentan la desconfianza de los ambientalistas. En un foro de la sociedad civil convocado tras la difusión del proyecto, el presidente de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas recordó el caso del río Jáchal, ocurrido hace 15 años y que, según afirmó, fue gestionado de forma irregular por las autoridades de entonces. Sin embargo, para el secretario de Minería de la Nación, Luis E. Lucero, el conflicto entre desarrollo y ambiente es hoy un mito. Aseguró ante el Senado que los estándares internacionales del sector son muy elevados. Desde el sector científico y ambientalista, en cambio, advierten que esos criterios no alcanzan, especialmente en un contexto de ajuste presupuestal para la política ambiental y científica.
“Creo que este gobierno no cree en la ciencia. Si el Gobierno avanza con esta reforma, va a intentar vaciarlo”, advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La Ley Nacional de Glaciares se promulgó en 2010 con el objetivo de proteger lo que constituye “una de las reservas de agua dulce —apta para consumo humano— más importantes del país”, según una publicación oficial, especialmente en un contexto de cambio climático. Esta visión colectiva del recurso se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano. El Ejecutivo, acompañado por las provincias, contrapone el argumento y descansa en el dominio provincial de los recursos naturales, establecido en el artículo 124.
Pero la de glaciares es una ley de presupuestos mínimos: fija una base común a partir de la cual todas las provincias deben actuar para protegerlos. Pueden ser más restrictivas, pero nunca menos. El Ianigla es el organismo encargado de identificar y ponderar el valor de estas geoformas. Está integrado por glaciólogos, geólogos, geógrafos y especialistas de distintas disciplinas que estudian las dinámicas glaciales del país y emiten dictámenes para asesorar a los gobiernos, incluso en procesos de licitación minera. Es un órgano consultivo y científico y la ley se apoya en sus evaluaciones.
Sin embargo, varios gobiernos provinciales sostienen que el Ianigla dejó definiciones imprecisas, especialmente en relación con el ambiente periglacial, que —afirman— no estaría inventariado. Esta afirmación fue desmentida por la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, quien explicó que ese ambiente está representado a través de los glaciares de escombro. También adelantó que a comienzos del próximo año se publicará una actualización del inventario. Aun así, las provincias reclaman mayor rapidez en la producción de información y sostienen que cuentan con capacidad propia para interpretar y valorar estos cuerpos de hielo. La reforma apunta justamente a eso: habilitarlas para decidir qué debe protegerse y qué no.
Desde el Ianigla advierten que esta medida le quitaría institucionalidad al organismo, ya que permitiría aplicar criterios provinciales sin una base común. Andrés Nápoli, de FARN, sostuvo que esto anula el carácter de presupuestos mínimos de la ley. “Es una derogación tácita”, denunció y recordó que los glaciares, al ser agua en estado sólido con potencial de volverse líquida, trascienden las jurisdicciones. Esto ya genera conflictos, como el histórico entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel. “Cuando La Pampa reclama los caudales, Mendoza responde: ‘Te quisiera dar el agua, pero no la tengo. En la última década el caudal bajó un 30%’”, ejemplificó.
Tanto Nápoli como el juez federal Sebastián Casanello señalaron la semana pasada, en un encuentro en la Facultad de Derecho de la UBA, que el agua es un derecho colectivo. “No podemos pensar solo en una provincia, ni siquiera solo en un país: tenemos que pensar en el planeta”, advirtió Casanello. Aun así, la presión de las provincias sobre los recursos que albergan es fuerte, especialmente en un contexto de caída generalizada de ingresos.
Para los representantes provinciales, la reforma simplemente restituye la potestad de decidir sobre sus recursos. En una entrevista radial, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, sostuvo que es necesario contar con “mayores competencias para las provincias”. Según explicó, esto permitiría actuar con mayor claridad sobre el territorio. Aclaró que no se trata solo de ser titulares de los recursos, sino también de “prever y generar los marcos regulatorios para protegerlos”. Latorre no precisó cuáles serían los criterios comunes entre provincias que usarían para evaluar el valor hídrico de los glaciares.
LA NACION intentó también contactar al secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos, para conocer su postura sobre este tema, pero no obtuvo respuesta. Según pudo saber este medio, aún no existen marcos regulatorios provinciales específicos para esa tarea. Para Nápoli la discusión no es solo técnica ni jurídica: es sobre quién define el uso del agua en un contexto de crisis climática. Y la pregunta que queda es qué criterio se pretende usar para dar valor a los glaciares y quiénes están preparados para hacerlo.
La Nación