El presidente Javier Milei manifestó su intención de modificar la Ley de Glaciares para habilitar proyectos mineros en la zona periglaciar, que podrían generar “un millón de puestos de trabajo”. En la Patagonia, resisten la medida. Asociaciones socioambientales advierten los riesgos de la pérdida de la soberanía sobre estos bienes.
El Gobierno nacional volvió a manifestar su intención de introducir cambios en la denominada “Ley de Glaciares”, con el objetivo de habilitar la actividad minera en áreas que hoy están protegidas. Esta vez, fue el propio presidente, Javier Milei, quien colocó el tema en el tope de la agenda política y económica, justificando la decisión en la promesa de crear puestos de trabajo. El anuncio encendió las alarmas de sectores ambientalistas que buscan proteger estas reservas de agua que son consideradas bienes de carácter público.
El 13 de noviembre pasado, durante el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad, en Corrientes, el presidente firmó un acuerdo bilateral comercial con Estados Unidos. En su discurso, Milei planteó que la ley actual genera dificultades para avanzar con proyectos de exploración y explotación minera en la cordillera y sostuvo que con “todos los proyectos mineros, ya sea en lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa un millón de puestos de trabajo”.
En esa línea, agregó: “una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar por ejemplo a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido, los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada- es decir, una actitud bien primitiva-, lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es devolverles el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y la contracara de eso va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería”.
Agregó que la idea fue una sugerencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. “Me parece mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”, remató el mandatario.
Actualmente, la delimitación de la zona periglaciar es competencia del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que se encuentra realizando un inventario que estará finalizado en los primeros meses de 2026 (Ver “Un relevamiento a punto de finalizar”).
El anuncio presidencial forma parte de una negociación con Cornejo y mandatarios de otras provincias como San Juan, Catamarca o Salta, que tienen un ávido interés en que el sector privado desarrolle la actividad minera, de la mano el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
También el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola,se expresó a favor de modificar la ley para poder desarrollar proyectos de cobre que, a su entender, están trabados por la legislación.
En agosto pasado, ya había circulado una iniciativa para derogar la ley, impulsada desde el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, que luego quedó sepultada por la agenda electoral. Ahora, la propuesta vuelve recargada de la mano del crecimiento de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso, tras el triunfo del 26 de octubre.
De esta manera, en el “Año Internacional de la Conservación de los Glaciares” declarado por la ONU, Argentina buscará avanzar con una modificación en la ley que los protege. La fecha tentativa para tratar los cambios será el periodo de las sesiones extraordinarias, que tendrán lugar entre diciembre de este año y febrero de 2026.
La Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010 con un fuerte consenso social, tiene como objetivo proteger los glaciares, considerados “bienes de carácter público”, y del ambiente periglacial, es decir, la zona que los rodea y que funciona como regulador de recursos hídricos.
La actual legislación, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2019, prohíbe algunas actividades que pudieran afectar la zona, como la liberación de sustancias contaminantes; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias. Para quienes no cumplan con estas restricciones, la ley prevé sanciones que van de multas y apercibimientos, hasta la orden del cese definitivo de la actividad.
Además, Argentina suscribió al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional, que fue ratificado a través de la ley 27.566 de 2021, y permite tener acceso a la información pública ambiental, y garantiza el acceso a la participación y a la justicia ambiental. Derogar o modificar la ley iría en contra del principio de no regresividad sobre estos derechos.
El relevamiento, a punto de finalizar
Tras el anuncio de Milei, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado donde afirmó que ese instituto, “hasta la fecha (18 de noviembre), no ha sido informado ni consultado oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de esta Ley que pudiera haber sido mencionada o circulado en algunos medios de comunicación”.
Aclaró que “El IANIGLA no es autoridad de aplicación ni autoridad competente de la Ley, sino que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 26.639, es responsable de la realización y el monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares, bajo la coordinación de la autoridad nacional de aplicación, que hoy es la Subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mientras que las provincias y la Administración de Parques Nacionales actúan como autoridades competentes según corresponda”.
El primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó el 7 de junio de 2018 y se actualizó de manera parcial, por lo que los datos más recientes datan de diciembre de 2024 y corresponden a la región de los Andes Desérticos. Actualmente, se encuentran trabajando en la actualización de la región de los Andes Centrales (San Juan y Mendoza), cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2026.
Qué dicen las provincias patagónicas
Si bien los gobiernos de las provincias patagónicas no han manifestado una posición pública en torno al tema, en algunas legislaturas provinciales hubo iniciativas que expresan preocupación y el rechazo a las posibles modificaciones.
En junio de este año, el legislador neuquino César Gass presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo nacional que se abstenga de modificar la ley 26.639 por implicar una violación al principio de progresividad y de no regresión.
En el mismo mes, en Santa Cruz, los diputados Carlos Alegría y Carlos Godoy presentaron un proyecto de resolución que expresa un firme rechazo a cualquier intento del Poder Ejecutivo Nacional de modificar, derogar o flexibilizar la Ley Nacional N.º 26.639. Argumentaron que “una flexibilización normativa tendría impactos directos en el patrimonio natural de la provincia y en la disponibilidad futura de recursos hídricos para las comunidades locales”.
La posición de Chubut fue expresada en 2024 por el Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, y el subsecretario de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Fernando Pegoraro, durante su participación de la 49ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). En ese momento, la discusión se centraba en las modificaciones a la ley que el Gobierno pretendía introducir dentro de la Ley Bases, algo que finalmente fue excluido del paquete que finalmente se aprobó. Los participantes apoyaron la protección de la Ley de Glaciares y de la Ley de Bosques.
En Río Negro, no se registran iniciativas de legisladores en torno al tema. Sin embargo, la diputada Magdalena Odarda (Vamos con Todos) abrió una campaña ciudadana de recolección de firmas para exigir la continuidad y el respeto irrestricto a la Ley 26.639. (Ver El látigo y la billetera).
El látigo y la billetera
Para la diputada de la provincia de Río Negro Magdalena Odarda (Vamos con Todos), el avance del Gobierno nacional sobre la ley “es parte de una negociacion que tiene que ver con el sistema del látigo y la billetera que está empelando Javier Milei con muchos gobernadores”.
En diálogo con La Tecla Patagonia, amplió que “este nuevo embate a la Ley de Glaciares viene de la mano de algunos gobernadores interesados en avanzar sobre el ambiente periglaciar para la actividad megaminería, nosotros tememos que en Río Negro suceda lo mismo”.
Agregó: “en Río Negro estamos muy preocupados. Los glaciares están sufriendo un grave proceso de retracción por el cambio climático y a esto se suma la avaricia productivista que estamos viviendo gracias al cambio de matriz productiva del gobierno de (Alberto) Weretilneck, que ha inaugurado su primer proyecto megaminero con Calcatreu pero promete la instalación de 60 proyectos megamineros más en la provincia y es muy posible que algunos de ellos estén en áreas cercanas a los glaciares”.
Hace unos meses, Odarda lanzó una campaña ciudadana de recolección de firmas para exigir la continuidad y el respeto irrestricto a la Ley 26.639, que serán presentadas ante el Gobierno nacional, como expresión del rechazo popular a cualquier intento de flexibilizar esta legislación. “El objetivo es fortalecer las redes ciudadanas, que son las únicas que pueden frenar este retroceso, producto del negacionismo del Gobierno”, expresó.
Una acción plurinacional para defender los territorios
Organizaciones sociales y asambleas socioambientales, entre otros, están convocando a una “Jornada de Acción Plurinacional en defensa de los glaciares”, con actividades en todo el país, para el próximo 4 de diciembre. En un comunicado adelantaron que el planteo que hace el Gobierno para modificar la ley “no responde a encontrar una respuesta para los sectores más empobrecidos de nuestro país”.
Indicaron que “Es mentira la generación de millones de puestos de trabajo, nosotros y nosotras que vivimos en pueblos mineros sabemos fehacientemente como es el ciclo de llegada, explotación y abandono de las zonas mineras, dejando pobreza y enfermedad y contaminación tanto en las personas humanas como en el ecosistema en general”, para concluir que “esta medida no beneficia a los pueblos de Argentina, sino que, satisface la demanda de multinacionales como Barrick Gold, Glencore, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara Americana de Comercio (AmCham)”.
Una de las organizadoras, Raquel Perier, integrante de la Multisectorial del Golfo San Matías, que articula con la coordinadora Basta de falsas soluciones, dijo a La Tecla Patagonia que “pareciera ser que el territorio argentino es una zona de sacrificio para que el norte global siga consumiendo en forma obscena y siga llevando a una escala sin límites el consumismo que nos va a perder a todos en esta locura de carrera contra todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
“Están liberando todas las zonas donde están los minerales para que las grandes corporaciones puedan llevarlos. Es evidente que la soberanía está puesta en vender todos los bienes naturales para nosotros, recursos para ellos, y mientras tanto tenemos que pasarnos peleando por todas estas cosas”, amplió.
Para concluir, manifestó que “creo que la movilización social, si hay una masividad en la calle y una puesta a punto de todas las asociaciones y asambleas, va a tener que seguir manteniéndose sin modificaciones porque en realidad es nuestro bien. El agua es un derecho de los pueblos, lo que nos mantiene con vida”.
La Tecla Patagonia